Fuerzas Armadas superan en más de 40 el número de generales permitido por la Ley 139-13
A 12 años de su promulgación, la normativa sigue sin cumplirse, mientras crece la preocupación por el exceso de altos mandos militares
Santo Domingo. A más de una década de la promulgación de la Ley 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas, el mandato legal que buscaba organizar, racionalizar la estructura militar teniendo como objetivo principal reducir la cantidad de generales en las instituciones continúa sin cumplirse, evidenciando una brecha significativa entre lo establecido en la normativa y la realidad actual.
La legislación, promulgada en septiembre de 2013, estableció un proceso de desmonte gradual del “generalato”, que debía ejecutarse en un plazo de seis años. Sin embargo, 12 años después, las cifras muestran un escenario contrario al espíritu de la ley.
En la actualidad, las Fuerzas Armadas cuentan con unos 103 oficiales generales activos, incluyendo mayores generales y vicealmirantes, lo que representa aproximadamente 40 más del número permitido según los parámetros legales vigentes.
Una ley ignorada
El artículo 262 de la Ley 139-13 es claro al establecer que debe existir un general de brigada o almirante por cada 1,000 miembros activos en las tres instituciones que conforman las Fuerzas Armadas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Tomando en cuenta que el país dispone de 63,000 efectivos militares activos, la cantidad de generales debería rondar los 63 oficiales, distribuidos proporcionalmente entre las distintas ramas.
Sin embargo, la realidad dista de esa disposición. Actualmente, el Ejército cuenta con 58 generales, la Fuerza Aérea con 26 y la Armada con 19, cifras que superan ampliamente los límites establecidos por la legislación.
El Ejército lidera en cantidad de efectivos, con alrededor de 33 mil miembros, seguido por la Fuerza Aérea con 17, 000 y la Armada con 13, 000. Es decir, tomando en cuenta lo que dice la ley y el número actual de miembros por organismo, el Ejército debería tener 33 generales, la Fuerza Aérea 17 y la Armada 13.
Ascensos que contradicen la normativa
El artículo 264 refuerza esta limitación al señalar que los ascensos al rango de general o almirante deben estar condicionados a la existencia de plazas disponibles, y que estas no pueden exceder una por cada mil miembros.
Pese a ello, la práctica institucional ha mantenido una dinámica cuestionada: mientras algunos oficiales son colocados en retiro, simultáneamente se producen nuevos ascensos que mantienen, o incluso incrementan, la cantidad de generales en servicio activo.
Un ejemplo reciente se registró en febrero de este año, cuando mediante el Decreto 135-26, el Poder Ejecutivo colocó en retiro a 11 altos oficiales, pero al mismo tiempo ascendió a 9 coroneles al rango de general, lo que evidencia una política que no reduce significativamente el número total de altos mandos.
El retiro obligatorio, otra norma debilitada
La propia ley establece mecanismos para evitar la acumulación de oficiales generales. El artículo 157 dispone que el retiro es obligatorio tras cumplir 10 años en el rango de general o almirante, salvo excepciones vinculadas a posiciones de ministro, viceministro, dirección o comandante dentro del Estado.
No obstante, en la práctica, esta disposición tampoco ha logrado frenar el crecimiento del generalato, en parte debido a decisiones administrativas y a la permanencia prolongada de oficiales en funciones estratégicas.
El desequilibrio en la estructura militar no se limita a los generales. La cantidad de coroneles también ha generado críticas, con más de 1,300 oficiales en ese rango en las tres instituciones castrenses.
De estos, 617 pertenecen al Ejército, 440 a la Fuerza Aérea y 247 a la Armada, incluyendo casos de oficiales con más de 20 años en el mismo rango y otros que ya han superado la edad máxima permitida por la ley.
Un patrón que se repite
La situación refleja un patrón similar al observado en la Policía Nacional, donde también se ha cuestionado el exceso de altos rangos en comparación con lo establecido en su marco legal.
Mientras el número de generales activos supera el límite legal en más de 40 oficiales, persiste el desafío de aplicar de manera efectiva una ley diseñada para garantizar equilibrio, transparencia y funcionalidad en las instituciones militares del país.
Sobre el autor
Joan Kennedy Vargas, periodista dominicano. Cubre la fuente de la Presidencia de la República, Policía, Fuerzas Armadas y DNCD.
