Organizaciones ambientalistas de América Latina definieron como de extrema urgencia que en República Dominicana se implementen mecanismos jurídicos y sociales efectivos que garanticen la seguridad de los defensores del medio ambiente, a propósito del asesinato en Constanza de Francisco Ortiz Báez, agricultor de 39 años.

“Francisco Ortiz se oponía a la extracción ilegal de arena del río en Tireo, Constanza. Su compromiso ambiental lo llevó a denunciar públicamente esta actividad criminal, exponiéndose a constantes amenazas y hostigamientos. Lamentablemente, su lucha por la justicia ambiental le costó la vida”, explicaron las organizaciones por medio de un comunicado.

Los dirigentes ambientalistas Darío Solano y Heriberta Fernández hicieron un llamado a la sociedad dominicana a preservar los bienes comunes dada la vulnerabilidad de la isla frente al cambio climático y la impunidad judicial.

“Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a unirse a esta lucha por la justicia ambiental y la defensa de los defensores del medio ambiente”, agregan.

Las organizaciones ambientalistas utilizaron la plataforma de la Tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe -conocido como Acuerdo de Escazú- para hacer el llamado respecto a la situación de constante riesgo en que se encuentran los defensores del medio ambiente.

La COP 3 se desarrolló durante tres días en Santiago de Chile.

“Este hecho no solo enluta a su familia y comunidad, sino que también pone de manifiesto la grave situación que enfrentan los defensores del medio ambiente en la República Dominicana. Los ambientalistas son víctimas de amenazas, intimidaciones y agresiones por parte de aquellos que se benefician de la destrucción del medio ambiente”, exponen.

La comunidad internacional de defensores ambientales, a través de Nathalie Reginfo de la Campaña Que Paguen, condenó el hecho y expresó que estos asesinatos y persecuciones, además constituyen un ecocidio donde tanto los defensores ambientales como el río mismo son víctimas de los depredadores y piden sanciones ejemplares para los responsables intelectuales y materiales, y al mismo tiempo, advirtió que es necesario redoblar los esfuerzos para la protección de los defensores ambientales en América Latina y El Caribe, por lo que se demanda de los gobiernos mayores compromisos con el Acuerdo de Escazú.

En este contexto, denunciaron la impunidad con la que operan los criminales que atentan contra el medio ambiente lo que calificaron de inaceptable. “El sistema de justicia dominicano debe actuar con firmeza para garantizar la seguridad de los defensores del medio ambiente y castigar a los responsables de estos crímenes”.

Expresan que la República Dominicana es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, y que la deforestación, la contaminación y la explotación indiscriminada de recursos naturales agravan esta situación.

“Condenamos que el Acuerdo de Escazú, único tratado regional que busca proteger a los defensores del medio ambiente, fuera declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional dominicano mediante la sentencia TC-0076-23 del 25 de enero de 2023”, señalan.

Advierten que esa decisión de control constitucional representa un grave retroceso en la lucha por la defensa ambiental y deja a los ambientalistas aún más expuestos a la violencia y la impunidad.

Estas declaraciones se producen en el marco del encuentro PreCop de Escazú, realizada recientemente en Santiago de Chile, en donde participó una delegación dominicana integrada por Luis Maldonado de la RedAfros y Euren Cueva de INSAPROMA.