FJT pide mayor apoyo para el Ministerio Público, hoy rezagado y con pocos resultados en combate a la corrupción administrativa
Santo Domingo.- Fundación Justicia y Transparencia (FJT) reclamó del Ministerio Público atender y poner en marcha la acción pública, ante las graves revelaciones del jurista Emmanuel Esquea Guerrero, sobre diversas irregularidades y violaciones a las leyes dominicanas, cometidas en la contratación y venta de la materia prima para el asfalto en las calles, el AC-30, por la empresa Sargeant Petroleum.
La entidad cívica deplora, «que bajo el silencio cómplice y el accionar oscuro de gobiernos durante los últimos 20 años, se haya estado replicando esta modalidad perjudicial y dañina para el interés público, consistente en contratación grado a grado, cláusulas leoninas en perjuicio del estado, adendas ampliando los beneficios de Sargeant Petroleum, la falta de aprobación por el congreso, el no pago de impuestos, en fin, un rosario de irregularidades que hoy deben ser investigadas».
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, recordó que, por casi 4 meses, el Estado Dominicano, viene esperando sin respuesta hasta el momento,por la fijación de una audiencia, en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), para conocer de la anulación de los contratos del AC-30, suscritos con Sargeant Petroleum, además de obligarlos a devolver unos 177 millones de dólares, cobrados de forma ilegal a gobiernos anteriores.
La FJT entiende que este caso debe ser llevado hasta las últimas consecuencias, sobre todo en el plano penal, por tratarse de violaciones continuas que involucran de forma sistémica el desenvolvimiento institucional del estado y lo pero aun con la omisión y acción de autoridades que por año participaron de este esquema a todas luces ilegal e ilegítimo.
FJT pide mayor apoyo para el Ministerio Público, hoy rezagado y con pocos resultados en combate a la corrupción administrativa
Finalmente, Justicia y Transparencia, lamentó el rezago del Ministerio Público, frente a los desbordantes casos de corrupción, con resultados y con un accionar limitado en cuanto a su desempeño, en materia de lucha contra la corrupción administrativa, lo que nos lleva a exigir del gobierno del presidente Luis Abinader, el disponer de mayor apoyo logístico, presupuesto y personal, mejorando su eficiencia y capacidad, en el combate a la criminalidad organizada.
