Fiscal acusado de sobornos exigía Mercedes-Benz y Rolex a cambio de alterar investigaciones
El procurador fiscal, Aurelio Valdez Alcántara, era exigente al momento de solicitar sobornos a personas implicadas en los casos que investigaba, como alta suma de dinero, objeto de lujos y vehiculo de alta gama.
Según la solicitud de medida de coerción instrumentada por el Ministerio Público, Valdez Alcántara utilizó su función como miembro de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para exigir altas sumas de dinero, objetos costosos y vehículos de lujo en beneficio propio.
El documento establece que el imputado prometía alterar el curso de las investigaciones a cambio de pagos que oscilaban entre US$150,000 y US$200,000, dependiendo del caso.
En relación con el expediente por el cual fue arrestado Valdez Alcántara, el Ministerio Público indica que el 13 de marzo de 2026 el imputado sostuvo un encuentro con el testigo Roberto Canaán. La reunión se realizó en el parqueo de un centro comercial ubicado en la avenida Jiménez Moya, esquina avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional.
De acuerdo con la instancia acusatoria, Canaán, testigo en el caso del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), denominado “Cobra”, abordó el vehículo del fiscal, quien utilizó información privilegiada sobre sus vínculos personales y propiedades para establecer una posición de dominio.
Durante el encuentro, Valdez Alcántara propuso de manera explícita alterar el curso del proceso judicial en contra del testigo, que se encontraba en fase de investigación, a cambio de un beneficio económico directo.
Inicialmente, el imputado exigió la suma de US$200,000, la cual posteriormente redujo a US$150,000 tras una negociación. Además, mostró interés en recibir un reloj marca Rolex y exigió un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes-Benz 350 o 450 de color negro. El fiscal rechazó opciones más económicas, como vehículos Volvo o Mazda, insistiendo en un modelo de alta gama.
El Ministerio Público también señala que el imputado ejerció presión constante sobre el testigo mediante llamadas telefónicas. Como parte de estas acciones, el 18 de marzo de 2026 le expresó: “¿para cuándo está la cosa?”, estableciendo como fecha límite el 24 de marzo del mismo mes.
Para asegurar el cumplimiento del pago, Valdez Alcántara advirtió al testigo sobre la inminencia de su judicialización, condicionando su situación legal al soborno exigido.
Posteriormente, el 27 de marzo de 2026, como parte de las diligencias de investigación, se realizó un allanamiento en la residencia del procurador fiscal, quien tenía ocho años como miembro del Ministerio Público.
En ese operativo se ejecutó su arresto y se llevó a cabo una entrega vigilada del dinero.
Durante el allanamiento, las autoridades ocuparon cinco tarjetas bancarias, una pistola con su cargador y trece cápsulas, dos teléfonos celulares, equipos electrónicos y otros objetos.
Debido a estos hechos, el imputado enfrenta imputaciones por presuntamente dedicarse a recibir sobornos a cambio de alterar el curso de investigaciones bajo su responsabilidad, asi también de cometer concusión, cohecho y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.
Sobre el autor
Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.
