Santo Domingo.-El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, expresó preocupación por el acuerdo entre la Procuraduría General y la constructora Odebrecht, por considerar que si el mismo no permite traducir a la Justicia a los funcionarios públicos que mancharon la investidura y a particulares carece de validez jurídica, conforme las normas procesales aplicables, y mandaría un mensaje erróneo en la lucha contra la corrupción.

La Finjus considera que esto legalizaría con una simple multa pagadera a plazo una conducta altamente lesiva para la institucionalidad democrática del país, “lo que es moralmente inaceptable”.

Entiende que si este acuerdo blinda a Odebrecht para acciones posteriores que puedan ejercer otras instituciones nacionales en el marco de sus respectivas competencias, habremos perdido una valiosa oportunidad en la lucha contra la corrupción y mandará un mensaje equivocado a los inversionistas y agentes públicos que la sociedad no parece dispuesta a tolerar.

Entiende que el Ministerio Público debe velar porque el daño ocasionado por Odebrecht sea razonablemente reparado.

Precisó que Finjus se ha mostrado dispuesta a acompañar todos los pasos necesarios que conduzcan al esclarecimiento de los hechos ya confesados en el exterior y que den lugar al desmantelamiento de redes corruptas en los estamentos del poder político del país.

Ha debido movilizar acciones

Castaños Guzmán Señala que un caso como este ha debido movilizar acciones conjuntas de diversas instituciones públicas del país para determinar el perjuicio económico recibido por el Estado (por ejemplo, una “investigación especial” de la Cámara de Cuentas) y actuar en consecuencia con el rigor que demandan las circunstancias.

Indica que la peor consecuencia que este acuerdo generaría es que otras iniciativas en curso para fortalecer la transparencia y legitimidad de los actos de los poderes públicos quedarían comprometidas o distorsionadas.