Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), considera inminente la aprobación de un nuevo Código Penal que permita diseñar una política criminal efectiva acorde a los nuevos tiempos y con las estructuras normativas que se ajusten al modelo institucional que ha adoptado el Estado dominicano.
En la actualidad, la justicia penal dominicana presenta innumerables obstáculos al momento de tipificar las conductas de la criminalidad organizada y los nuevos delitos que surgen del avance de los tiempos. Esta situación es provocada -en su mayor parte-, por la debilidad del actual Código Penal que data del siglo XIX, pero que se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico.
La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), considera inminente la aprobación de un nuevo Código Penal que permita diseñar una política criminal efectiva acorde a los nuevos tiempos y con las estructuras normativas que se ajusten al modelo institucional que ha adoptado el Estado dominicano.
En la actualidad, la justicia penal dominicana presenta innumerables obstáculos al momento de tipificar las conductas de la criminalidad organizada y los nuevos delitos que surgen del avance de los tiempos. Esta situación es provocada -en su mayor parte-, por la debilidad del actual Código Penal que data del siglo XIX, pero que se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico.
Desde FINJUS, hemos reiterado que la ley penal no puede ser estudiada con independencia de los fenómenos políticos, sociales y económicos que en su contexto se producen. En la actual coyuntura, desde una perspectiva de efectividad de toma de decisiones públicas, un Código Penal no deja de ser un producto final de la interpretación que realizan sus redactores y de cómo estos conciben los problemas sociales, las ideas penales y criminológicas.
En igual sentido, respaldamos la urgencia que pone sobre la mesa la Conferencia del Episcopado Dominicano, ya que ciertamente el proyecto de Código Penal ha recorrido el Congreso Nacional durante décadas, sin contar con el éxito de su aprobación. Es evidente que, para sancionar los actos delictivos, se requiera de un catálogo normativo moderno que sirva como garante de la ciudadanía y de sus derechos fundamentales.
De manera que, se requiere de un profundo análisis de las distintas ramificaciones que presenta la legislación penal, su dispersión normativa y la posibilidad de concretizar un texto que pueda responder de manera eficaz a los legítimos reclamos de prevención, control y reacción ante el fenómeno criminal que nos afecta como sociedad.
Para el fortalecimiento de nuestro Estado social y democrático de derecho, se requiere el consenso de los actores encargados de tomar las decisiones públicas más trascendentales, por ello, el Código Penal se erige en la actualidad como la norma más urgente para ser adherida a nuestro ordenamiento jurídico.
os reiterado que la ley penal no puede ser estudiada con independencia de los fenómenos políticos, sociales y económicos que en su contexto se producen. En la actual coyuntura, desde una perspectiva de efectividad de toma de decisiones públicas, un Código Penal no deja de ser un producto final de la interpretación que realizan sus redactores y de cómo estos conciben los problemas sociales, las ideas penales y criminológicas.
En igual sentido, respaldamos la urgencia que pone sobre la mesa la Conferencia del Episcopado Dominicano, ya que ciertamente el proyecto de Código Penal ha recorrido el Congreso Nacional durante décadas, sin contar con el éxito de su aprobación. Es evidente que, para sancionar los actos delictivos, se requiera de un catálogo normativo moderno que sirva como garante de la ciudadanía y de sus derechos fundamentales.
De manera que, se requiere de un profundo análisis de las distintas ramificaciones que presenta la legislación penal, su dispersión normativa y la posibilidad de concretizar un texto que pueda responder de manera eficaz a los legítimos reclamos de prevención, control y reacción ante el fenómeno criminal que nos afecta como sociedad.
Para el fortalecimiento de nuestro Estado social y democrático de derecho, se requiere el consenso de los actores encargados de tomar las decisiones públicas más trascendentales, por ello, el Código Penal se erige en la actualidad como la norma más urgente para ser adherida a nuestro ordenamiento jurídico.
