Finjus advierte sobre incumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional

Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó su preocupación por el incumplimiento, ejecución tardía o insuficiente de decisiones del Tribunal Constitucional, al considerar que esta situación afecta uno de los fundamentos esenciales del Estado constitucional de derecho.

El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, sostuvo que la eficacia de la justicia constitucional no puede medirse únicamente por la existencia formal de una sentencia, sino por su capacidad de generar consecuencias jurídicas reales y garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos.

A través de un comunicado, la organización recordó que el artículo 184 de la Constitución dominicana establece que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.

En ese sentido, señaló que la fuerza vinculante de las decisiones constitucionales no constituye una recomendación dirigida a las autoridades, sino que deriva directamente de la supremacía de la Constitución y representa un límite al ejercicio del poder público.

Llama a respetar las decisiones del TC

Castaños Guzmán explicó que la independencia funcional de los poderes y órganos del Estado no implica discrecionalidad para decidir si se cumplen o no las disposiciones constitucionales.

“Acatar una decisión constitucional no supone subordinación política de un poder frente a otro, supone, sencillamente, sometimiento común a la norma suprema”, plantea Finjus.

La institución sostuvo que cada organismo público debe ejercer sus atribuciones dentro del marco establecido por la Constitución, mientras que el respeto a las competencias de los demás órganos forma parte del equilibrio institucional.

Incumplimiento afecta la tutela judicial efectiva

Finjus también advirtió que la ejecución de las sentencias constituye una parte esencial de la tutela judicial efectiva.

A juicio de la organización, el acceso a los tribunales pierde buena parte de su sentido cuando una persona obtiene una decisión favorable, pero esta no llega a materializarse.

Una sentencia que reconoce un derecho, establece una obligación o determina el alcance de una norma constitucional y permanece indefinidamente sin ejecutarse puede generar una separación entre la justicia formal y la justicia efectiva, indicó.

Finjus pide determinar cada caso de incumplimiento

Sobre la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pueda amonestar, requerir o advertir a autoridades ante un supuesto incumplimiento, Finjus consideró que cualquier medida debe estar sustentada en una competencia jurídicamente reconocida y en una base normativa clara.

Asimismo, señaló que antes de establecer consecuencias debe existir una determinación objetiva de la obligación incumplida y deben respetarse las garantías del debido proceso.

La institución consideró necesario diferenciar entre una imposibilidad material temporal, una ejecución defectuosa, un retraso injustificado y una resistencia deliberada frente a una sentencia constitucional.

Para establecer eventuales responsabilidades, según Finjus, deben analizarse el contenido exacto de la sentencia, la autoridad obligada, los plazos aplicables, las actuaciones realizadas y las circunstancias objetivas relacionadas con su ejecución.

Finjus advirtió que el problema también tiene consecuencias sobre la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

La organización sostuvo que la ciudadanía debe tener la certeza de que una decisión definitiva del Tribunal Constitucional tendrá consecuencias reales y será respetada por las autoridades responsables de ejecutarla.

“Si después de obtener una decisión favorable un ciudadano debe enfrentar indefinidamente la resistencia de la autoridad encargada de ejecutarla, se debilita no solo su derecho particular, sino también la credibilidad del sistema de justicia”, plantea la entidad.

En ese sentido, consideró que la confianza en las instituciones depende, en buena medida, de que las normas sean aplicadas efectivamente y de que las decisiones judiciales no queden sujetas a la voluntad circunstancial de las autoridades responsables de cumplirlas.

Proponen fortalecer mecanismos para ejecutar sentencias

En ese sentido, Finjus consideró necesario fortalecer los mecanismos institucionales destinados a garantizar la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional.

Entre las medidas planteadas se encuentran mejorar la coordinación entre las instituciones públicas, establecer procedimientos internos para registrar y atender las decisiones judiciales, identificar oportunamente a las autoridades responsables de su cumplimiento y garantizar la trazabilidad de las actuaciones.

También propuso fortalecer las capacidades de seguimiento del Tribunal Constitucional para verificar el cumplimiento de sus decisiones.

Finjus afirmó que la fortaleza de un Estado constitucional no depende únicamente de contar con una Constitución, tribunales especializados y mecanismos de control, sino de que las instituciones reconozcan que el poder público está sometido al derecho.