Finjus aboga porque el Congreso fortalezca su capacidad de control sobre el Poder Ejecutivo
SANTO DOMINGO.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) abogó hoy porque el Congreso fortalezca el control sobre el Poder Ejecutivo, tras señalar que ese ha sido uno de los rasgos más preocupantes del régimen democrático dominicano.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, consideró que la reforma constitucional en curso debería replantearse el equilibrio entre los poderes públicos, donde el Poder Legislativo alcance un mayor nivel de preponderancia.
Sostuvo en la medida que el Congreso retenga amplíe su capacidad de control sobre los actos del Poder Ejecutivo, se avanza hacia una nueva cultura de transparencia.
Sostuvo que el sistema de control del Estado dominicano se ha caracterizado por la debilidad que le han impuesto las élites de poder por décadas.
Y a esta realidad, indicó, se suma un marco constitucional y legal deficitario, así como un casi inexistente sistema de consecuencias ante el incumplimiento de deberes y obligaciones para garantizar la transparencia en la función pública.
Castaños Guzmán criticó la amplia discrecionalidad que caracteriza a la administración pública en el país, y advirtió que esto representa un foco de corrupción mediante la cual se enriquecen a unos pocos a costa del pueblo.
Consideró que en un sistema de gobierno presidencial, como el dominicano, donde las capacidades de acción del Poder Ejecutivo, lo convierten en un super-poder, este debe ser el centro de atención y el objeto principal del control político.
Dijo que por estas razones la función de control de parte del Congreso se ha tornado incluso mucho más importante que la propia labor legislativa.
Asimismo, Finjus considera que procede fortalecer la interpelación, y dijo que no es posible que un funcionario interpelado no acuda al llamado de la Cámara que lo requiera.
Sin un sistema de consecuencias por actos de este tipo a disposición del Congreso para forzar la comparecencia de los funcionarios interpelados, esa figura constitucional quedará como un decorativo del sistema de control, dijo Castaños Guzmán.
A su juicio, la incomparecencia a una interpelación, lo mismo que para el llamado de una comisión de investigación, deben estar sujetas a sanciones de conformidad por la ley.
