El abogado del ciudadano Yanger Bello Bautista, Félix Portes, denunció este lunes la existencia de una presunta persecución penal viciada contra su representado, quien permanece privado de libertad desde hace más de dos años, pese a que la acusación en su contra ha sido desestimada en tres ocasiones.
El jurista explicó que el proceso número 585-1-2024-EPEN-0006, conocido ante los jueces del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Azua, se sustenta en una acusación que el Ministerio Público mantiene activa a pesar de haber sido rechazada previamente en tres oportunidades.
Portes sostuvo que esta situación evidencia un ejercicio de la acción penal carente de fundamento y alejado de su finalidad legítima.
“No estamos ante una persecución de buena fe, sino ante el uso del poder punitivo del Estado para mantener a un hombre preso pese a que los señalamientos no se sostienen”, afirmó la defensa de Yanger Bello Bautista.
Según explicó el abogado, el hecho más preocupante ocurrió durante la audiencia celebrada el pasado 25 de mayo de 2026, convocada para conocer la solicitud de cese de prisión preventiva por vencimiento del plazo máximo establecido Código Procesal Penal, que es de 18 meses.
El tribunal, presidido por el magistrado Camilo Segura Peña, decidió suspender el conocimiento de la solicitud y reprogramarlo para el 10 de junio de 2026, la misma fecha fijada para el juicio de fondo.
“Fijar el cese para el día del fondo es vaciar de contenido la petición; equivale a negarla sin decirlo”, expresó el jurista.
Asimismo, agregó “Un proceso no puede mantener a una persona privada de libertad por más de dos años y luego neutralizar su única vía de excarcelación. Eso no es administrar justicia”.
Ante esta situación, el abogado Féliz Portes recusó al juez Camilo Segura Peña, argumentando que la actuación del magistrado vulnera el principio de separación de funciones y compromete la imparcialidad que debe caracterizar al tribunal.
El incidente de recusación fue remitido a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal para su correspondiente evaluación.
La defensa también advirtió que, debido a esta y otras actuaciones observadas durante audiencias anteriores del mismo proceso, evalúa interponer una querella disciplinaria ante la autoridad competente, con el propósito de que se examine la conducta del magistrado conforme a las normas que regulan la función judicial.
“La libertad de una persona no puede quedar atrapada entre la inacción de un tribunal y el empeño de una acusación que no se sostiene”, concluyó Portes Núñez.
Finalmente, la firma de abogados reiteró su confianza en que la Corte de Apelación restablezca el debido proceso, el respeto al plazo razonable y la tutela judicial efectiva de su representado. Asimismo, informó que se reserva el derecho de ejercer las acciones constitucionales, disciplinarias y resarcitorias que considere pertinentes.
Sobre el autor
Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.
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