SANTO DOMINGO.-Los propietarios de farmacias acogieron con satisfacción la decisión del gobierno que excluyó los medicamentos de entre los bienes cuyos precios se incrementarían con la ampliación de la base del impuesto a la transferencia de bienes y servicios industrializados (Itebis) propuesta en la reforma fiscal en discusión.
Tony Rodríguez, representante de ese sector ante la Federación Dominicana de Comerciantes, previó que un alza en el precio de los medicamentos habría resultado en una puñalada al pueblo.
Empero, denunció que en las semanas recientes en el mercado de medicamentos se ha registrado aumentos de precios de entre diez a veinte por ciento, sin que todavía hoy sean conocidas las motivaciones.
Rodríguez, entrevistado en Propuesta de la Noche por Digital 15, denunció también que el persistente surgimiento de cadenas de farmacias en zonas del casco urbano con alta concentración de ingresos se ha erigido en un monopolio que perjudica a afiliados al sistema de seguridad social que se topan con dificultades para acceder a los medicamentos en las farmacias barriales.
Ese es monopolio de las cadenas de farmacias es un modelo importado de Brasil, Perú y México, donde hay tres o cuatro dueños de farmacias que controlan el mercado, y que aquí viola el espíritu de la ley 87-01 de seguridad social, que es distributiva, social, y tiene un espíritu de competitividad para que todo el sector participe en este sistema, dijo.
Manifestó que esa práctica se lleva a cabo en connivencia con las prestadoras de servicios de salud que al preferir la contratación de cadenas de farmacias afectan a los usuarios que acuden a las barriales, cuyas ventas han caído por esa causa en hasta un 50%s, amenazándolas con la desaparición.
Asimismo denunció que otra violación en ese mercado es que mientras la Ley General de Salud ordena que sólo las farmacias legalmente establecidas pueden vender medicamentos al público, también lo hacen las clínicas con farmacias internas.
Lo mismo dijo de la existencia de miles de boticas populares administradas por particulares fuera de la ley, que no pagan impuestos, lo que no sólo atenta contra las legalmente establecidas sino también contra la salud del pueblo.
El representante farmacéutico en la federación de comerciantes se quejó también de que aun cuando no se oponen a las farmacias que administra Promese, éstas deben operar según la ley en instituciones públicas hospitalarias y no fuera de ese ámbito.
Aseguró que de las cuatrocientas farmacias que administra Promese casi la mitad están operando fuera de instituciones públicas, por lo que al recibir mensualmente un subsidio de cien millones de pesos han sido convertidas en competencia desigual de las farmacias privadas.
El dirigente comercial del sector farmacia también se quejó de que las autoridades encargadas de la regulación permiten que hasta en colmados se vendan productos medicinales, incluso estimulantes sexuales y calmantes.
