SANTO DOMINGO.- Cuatro exjueces del Tribunal Constitucional expresaron la mañana de este miércoles su oposición al “Acuerdo entre los Gobiernos de la República Dominicana y de los Estados Unidos de América, en relación con la preautorización en el transporte aéreo”, por considerar que afecta la soberanía y viola la Constitución dominicana.
Leyda Margarita Piña, Jottin Cury, Wilson Gómez y Katia Miguelina Jiménez, aseguraron que dicho acuerdo no está siendo tratado con la profundidad que amerita, a pesar de las serias implicaciones que tendría para el supremo interés de nuestro país.
Explicaron que el objeto aparente del acuerdo sería facilitar el turismo, sin embargo, la verdad sobre el referido prechequeo es que forma parte de un programa de los Estados Unidos con el propósito de prevenirse de los terroristas, así como de otras amenazas a la seguridad nacional en el ingreso al territorio norteamericano, existente tan sólo en 6 países del mundo.
Agregaron además permitiría la instalación de áreas de preautorización en territorio dominicano para que funcionarios de la Dirección de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de los EE. UU autoricen los procesos de migración y aduanas en el transporte aéreo de pasajeros para entrar a ese país, lo que viola los artículos 3 y 6 de la Constitución dominicana, por cuanto implica cesión de soberanía.
«Eso significaría una extensión de las fronteras de los Estados Unidos en el territorio nacional. Además, el acuerdo contradice el precedente del Tribunal Constitucional sentado en la Sentencia TC/0315/15 que reafirmó la soberanía de las autoridades dominicanas en consonancia con los artículos 3 y 252 de la Ley Fundamental», sostuvieron.
Señalaron que dicho acuerdo posee un anexo en el que se incorpora una tutela por parte de los EE UU de las políticas de asilo de República Dominicana, vulnerándose el principio de no intervención en los asuntos internos o externos de la República Dominicana, previsto por el Art. 3 de la Carta Sustantiva, que constituye una norma invariable de la política internacional del país.
«El acuerdo alude acerca de las facilidades en los viajes sin escala a los Estados Unidos, que convertirían a Punta Cana y al país en un destino aún más atractivo para los turistas, dado que tales vuelos serían tratados como domésticos una vez aterricen en dicho territorio. Sin embargo, no se ha informado que el mismo acuerdo sujeta a los viajeros y a sus bienes a una segunda inspección aérea a su llegada a los Estados Unidos, evidenciándose ausencia de reciprocidad», agregaron.
Agregaron que la modalidad que se pretende establecer en los aeropuertos internacionales del país, comenzando por la terminal de Punta Cana, también conocido como prechequeo o preclearance (en inglés), resurgió durante las recientes evaluaciones a los postulantes a jueces del Tribunal Constitucional ante el Consejo Nacional de la Magistratura, y cuyo proceso de control preventivo cursa en la alta Corte, desde el 8 de diciembre de 2016.