Los comunitarios fueron acompañados por la comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano, quienes le han dado seguimiento a cada una de las comunidades.
Santo Domingo. Comunidades víctimas de desalojos forzosos, acompañados por la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano, se manifestaron la mañana de este lunes frente al Palacio Nacional exigiendo el cese de desalojos en territorio nacional.
Los moradores de los barrios Freddy Beras Goico en Los Alcarrizos y La Mina en San Isidro fueron desalojados forzosamente de sus viviendas en los meses marzo y abril, respectivamente, del año 2021. “En La Mina no recibimos ninguna información previa de que se iba a realizar un desalojo, solo dijeron que el terreno el Estado se lo cedió a las Fuerzas Aéreas, y que por eso debíamos desocuparlos inmediatamente y procedieron a expulsar alrededor de 600 familias que llevan establecidas en la zona 5, 10, 15 y hasta 20 años. Un espacio en donde el propio Estado ha construido infraestructura urbana, lo cual implica un reconocimiento al hábitat” declaró Esther Soriano, vocera de la comunidad.
Para los manifestantes, el gobierno es responsable de la condición en la que están viviendo las familias desalojadas. “Las personas del barrio Freddy Beras Goico han vivido por más de un año en una escuela abandonada, sin respuestas ante los abusos y atropellos cometidos contra ellos” informó Samuel Mora, representante del sector.
“En el barrio Barceló en Desarrollo en Santiago, fueron expulsadas violentamente 130 familias en febrero de este año” expuso Reynaldo Brioso, coordinador del Distrito Nacional de COPADEBA.
De igual modo, denunciaron como los habitantes de los barrios de La Ciénega y Los Guandules en el proyecto Nuevo Domingo Savio han sido víctimas de la misma práctica. “Se ha vendido la idea a la sociedad dominicana de que están indemnizando justamente a los moradores pero no es así.
Si no firmas porque no estás de acuerdo con el precio que te están dando por tu vivienda o comercio, no hay espacio para negociar sino que te obligan a aceptar lo ofrecido. Violando su compromiso con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos que establece que ninguna de las familias puede quedar sin ser reubicadas en una vivienda similar ante un desalojo forzoso. Se supone que este era el gobierno del cambio y estamos peor que antes” comentó Brioso.
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Por su parte, lugares como Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo y Libertad ubicados en el distrito municipal La Caleta en Boca Chica, Brisas del Este y Los Tres Brazos en Santo Domingo Este y zonas de las provincias Mao y Barahona, están en amenaza de desalojo desde el año pasado.
“Hemos estado dándole seguimiento a las comunicaciones que han enviado con abogados pero no nos dan información concreta ni se han acercado a hablar con nosotros sobre una posible alternativa” manifestó uno de los comunitarios de las zonas amenazadas.
Los comunitarios fueron acompañados por la comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano, quienes le han dado seguimiento a cada una de las comunidades.
“En el Art.59 de la Constitución Dominicana declara que toda persona tiene derecho a una vivienda y que el Estado debe establecer las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho. Sin embargo, en los últimos años, no han faltado denuncias de familias dominicanas afectadas por la cantidad masiva de desalojos compulsivos realizados por el gobierno, en una clara violación a los Derechos Humanos Básicos. Estas familias han perdido no solo sus viviendas físicas sino sus bienes, zonas de seguridad, legado y arraigo”, expresó Sócrates Peguero, presidente de la Red Urbana Popular y representante de la comisión.
Dentro de las demandas realizadas por el colectivo están el cese inmediato de los desalojos forzosos en todo el territorio nacional, indemnización a las familias afectadas y realizar espacios de diálogos donde se concreten acuerdos con las víctimas.
“En este Día Mundial del Hábitat, se evidencia la necesidad de políticas públicas que prioricen el bienestar y la dignidad de las personas sobre los intereses particulares o el ánimo de lucro. Desde el Estado, se deben impulsar instrumentos orientados a las familias más empobrecidas y excluidas, que puedan desarrollarse fuera de la banca, desde la producción social del hábitat y que no incentive la realización de desalojos forzosos” enunció Peguero, representante de la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano.
