SANTO DOMINGO.-La Procuraduría General de la República acusa a la fiscalizadora suspendida, presuntamente, de recibir dinero a cambio de acuerdos de proceso penal abreviado para beneficiar con libertad a acusados de agredir a exparejas que luego asesinaron.

Así consta en la solicitud de medida de coerción de la suspendida directora del departamento de Violencia de Género de San Pedro de Macorís Margarita Hernández Morales, y se establece que se “asoció en contubernio con los feminicidas a través de sus abogados y particulares, donde cobraba altas sumas de dinero para logra dicha libertad”.

En el documento el Ministerio Público establece que Hernández Morales violó el protocolo interno de un acuerdo en los casos de tentativa de asesinato y de homicidio, que es realizar una solicitud, vía procurador fiscal titular, al director general de Persecución de esa jurisdicción, para aprobar o rechazar el mismo, lo cual no se cumplió “porque hacían un proceso oscuro”.

Casos

En el caso de Domínguez, la fiscalizadora, al depositar la acusación ante el Juzgado de Instrucción contra Johan Manuel Ramírez, lo desvinculó de intento de asesinato, y para que el juez del tribunal homologara el acuerdo le imputó de agresión física, sexual y psicológica a la víctima. La instancia indica que la suspendida fiscalizadora supuestamente cobró RD$150 mil.

En la solicitud se expresa que Yasmil Fernández obtuvo su libertad mediante un acuerdo que provocó el asesinato de Anibel González, y que la firma de la víctima fue falsificada. Sin embargo, solo especifica que se recibió una alta suma de dinero.

Solicitud

— Medida
Un juez de la Oficina de Atención Permanente de San Pedro conocerá el jueves la coerción a Hernández Morales, acusada de realizar acuerdos a favor de libertad de los asesinos de Anibel González y Juana Domínguez Salas.