Exdictador Jorge Videla admite entre 7.000 y 8.000 asesinatos de opositores

BUENAS AIRES, Argentina.-El exdictador argentino Jorge Videla admitió por primera vez que el régimen que presidió entre 1976 y 1981 hizo desaparecer a «siete mil u ocho mil personas» para evitar protestas dentro y fuera del país, en el libro «Disposición Final» de reciente aparición.

«Pongamos que eran siete mil u ocho mil las personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión», dijo Videla al periodista Ceferino Reato, quien lo entrevistó durante veinte horas entre octubre de 2011 y marzo de 2012 en una celda de la prisión federal dentro del cuartel militar de Campo de Mayo.

El destituido general de 86 años, que tiene dos condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad y varios procesos en curso, admitió que se decidió «la desaparición de los cuerpos para no provocar protestas dentro y fuera del país».

«Cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo de una muerte», explicó el primer presidente de la dictadura que gobernó el país sudamericano hasta 1983, según un adelanto del libro publicado en la página web de la editorial.

«No había otra solución; (en la cúpula militar) estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra contra la subversión y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas», sostuvo.

El nombre del libro, que parece parafrasear la «Solución Final» aplicada durante el régimen nazi de Adolfo Hitler, fue en realidad aportado por el propio entrevistado. «La frase ‘Solución Final’ nunca se usó. ‘Disposición Final’ fue una frase más utilizada; son dos palabras muy militares y significan sacar de servicio una cosa por inservible.

Cuando, por ejemplo, se habla de una ropa que ya no se usa o no sirve porque está gastada, pasa a Disposición Final», contó Videla.

El exgeneral aseguró que dos meses antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, los militares comenzaron a confeccionar las listas de personas que ellos consideraban que debían ser detenidas inmediatamente después del derrocamiento de la presidenta Isabel Perón (1974/76) que se estaba preparando.