Estudio revela prestadores privados recibieron el 80.5 % de los fondos del Seguro Familiar de Salud entre 2010 y 2024
- Organizaciones advierten que el modelo ha provocado el desfinanciamiento de los servicios públicos de salud
Santo Domingo.- Un estudio presentado este lunes por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y varias organizaciones sociales concluyó que el 80.5 % de los pagos realizados por el Seguro Familiar de Salud (SFS) entre 2010 y 2024 fueron destinados a prestadores privados, equivalentes a RD$597,659 millones, mientras que los prestadores públicos recibieron apenas el 19.5 %, unos RD$144,856 millones.
La investigación, titulada “Seguro Familiar de Salud: privatización de recursos, desfinanciamiento de servicios públicos y costo social de las ARS”, sostiene que esta distribución de recursos evidencia un proceso de privatización progresiva del sistema de salud y un debilitamiento de los servicios públicos, en contradicción con disposiciones de la Ley 87-01.
Entre los hallazgos, el informe señala que las ARS privadas transfirieron RD$361,472 millones a prestadores privados y RD$50,693 millones a prestadores públicos durante el período analizado. Asimismo, destaca que los pagos de SeNaSa a prestadores privados dentro del Régimen Subsidiado aumentaron de un 21 % en 2010 a un 66.9 % en 2024.
El estudio también indica que la contratación de servicios ha favorecido ampliamente al sector privado. Según los datos presentados, SeNaSa ha contratado 14 veces más prestadores privados que públicos, mientras que las ARS privadas han contratado 16 veces más prestadores privados que públicos.
Otro de los puntos señalados es que, pese a lo establecido en la Ley 87-01 y a una sentencia del Tribunal Constitucional, el 31.5 % de los empleados públicos seguía afiliado a ARS privadas en lugar de SeNaSa en 2018.
Además, los investigadores estiman que entre 2007 y 2025 las ARS privadas absorbieron RD$87,650.3 millones en beneficios y gastos administrativos provenientes del Seguro Familiar de Salud, recursos que, según afirman, pudieron destinarse al fortalecimiento de programas públicos de salud.
Las organizaciones participantes sostienen que los problemas observados en el sistema responden a una transferencia sostenida de recursos hacia el sector privado y llamaron a rechazar cualquier reforma a la Ley 87-01 que reduzca el papel de SeNaSa o profundice la privatización de los servicios de salud.
