Carlos Pimentel asegura pagos de deudas a contratistas no serán automáticos y estarán sujetos a verificación

Santo Domingo, RD. – El director general de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, aseguró que el pago de deudas reclamadas por contratistas al Estado no será automático, pese a la promulgación de la ley que crea una comisión especial para verificar las acreencias derivadas de obras, contratos y servicios ejecutados sin la documentación correspondiente.

Durante una entrevista en el programa El Día, de Telesistema, Pimentel explicó que la normativa aprobada difiere de una versión anterior observada por el Poder Ejecutivo, ya que ahora la comisión estará integrada exclusivamente por entidades estatales: el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Presupuesto, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas.

El funcionario indicó que cada reclamación será sometida a un proceso de análisis y verificación, tras el cual la comisión podrá autorizar el pago total, parcial o rechazarlo, según lo establecido en la ley.

“No es un pago automático. Ninguna de esas obras que están ahí tiene un visado automático para ser pagada. Será verificada y la comisión tomará decisiones”, afirmó.

Puede leer

Magín Díaz advierte que las bancas ilegales deberán regularizarse o cerrar

Pimentel sostuvo que la inclusión de una obra o reclamación dentro de la ley no constituye una garantía de desembolso y reiteró que cada expediente deberá cumplir con los requisitos que se establezcan para demostrar la existencia de una deuda legítima del Estado.

Asimismo, señaló que la legislación contempla la posibilidad de realizar inspecciones en los lugares donde supuestamente fueron ejecutadas las obras y aclaró que, en algunos casos relacionados con mantenimientos menores, la normativa no exige necesariamente la existencia de un contrato formal, aunque sí deben existir documentos de respaldo como órdenes de compra y constancias de recepción de los trabajos realizados.

Transparencia y acceso público

El titular de la DGCP informó que propuso la creación de un portal digital donde se publiquen todos los expedientes sometidos a evaluación, la documentación presentada y las decisiones adoptadas por la comisión.

Según explicó, cada determinación constituirá un acto administrativo público que permitirá a la ciudadanía conocer si una reclamación fue aprobada, rechazada o autorizada parcialmente, así como los fundamentos de la decisión y la posición asumida por cada integrante de la comisión.

“La sociedad dominicana puede estar tranquila. No voy a firmar ningún expediente que no cumpla con los requisitos mínimos que se definan para cada pago”, expresó.

Posibles responsabilidades

Pimentel recordó que la ley no exime de responsabilidades civiles, administrativas o penales a los funcionarios o contratistas que hayan participado en irregularidades.

Indicó que, si durante las evaluaciones se detectan incumplimientos legales o actuaciones fuera de los procedimientos establecidos, podrían derivarse consecuencias para los responsables.

También advirtió que los contratistas asumen riesgos cuando ejecutan trabajos fuera de los términos contractuales y que los funcionarios que autorizan obras o modificaciones sin los procedimientos correspondientes comprometen su propia responsabilidad patrimonial.

Criterios para evaluar las reclamaciones

El director de Contrataciones Públicas adelantó que la comisión elaborará un reglamento interno y una matriz de evaluación para establecer las evidencias y requisitos necesarios para reconocer una deuda.

Entre los documentos que podrían ser requeridos figuran órdenes de compra, certificaciones de recepción de trabajos, comunicaciones oficiales y cualquier otra evidencia que permita confirmar la ejecución de los servicios reclamados.

Además, señaló que la comisión deberá rendir informes trimestrales al Congreso Nacional sobre el avance de sus trabajos.

Cuestiona compras sin planificación

Durante la entrevista, Pimentel también calificó como una práctica improcedente la adquisición de equipos médicos para hospitales que aún no estaban terminados, al referirse al caso del Hospital Regional Docente Teófilo Hernández, en El Seibo.

A su juicio, este tipo de situaciones evidencian fallas de planificación y generan riesgos de deterioro, pérdida de garantías y desperdicio de recursos públicos.

“Es un acto de negligencia y una ausencia de planificación”, afirmó.

Asimismo, respaldó la decisión del Servicio Nacional de Salud (SNS) de regularizar la instalación de equipos médicos en hospitales públicos y eliminar la práctica de operar bajo modalidades informales o contratos de comodato que, según dijo, carecen de sustento legal dentro de la administración pública.

Pimentel concluyó que el Estado tiene la obligación de honrar las deudas legítimamente comprobadas, pero insistió en que ninguna reclamación será aprobada sin un proceso riguroso de verificación y transparencia.