Los acusados participaron en una estafa de larga data operada desde un centro de llamadas en República Dominicana.
Santo Domingo.- Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán y Felix Samuel Reynoso Ventura, implicados en la «estafa de abuelos«, aceptaron hoy la extradición voluntaria a Estados Unidos para enfrentar los cargos que se les imputan.
Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia dispusieron la extradición luego de que estos se acogieran al proceso abreviado.
Los acusados participaron en una estafa de larga data operada desde un centro de llamadas en República Dominicana que tenía como objetivos a “abuelos” que residían en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts, según detalló el DOJ en un comunicado.
El tribunal, presidido por Francisco Jerez Mena e integrado por Fran Soto, Francisco Ortega y Luis Omar Jiménez Rosa, levantó acta de que los reclamados en extradición aceptaban ser extraditados de manera voluntaria.
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La estafa comenzaba con los ‘abridores’ que llamaban a los ancianos haciéndose pasar por hijos, nietos u otros parientes cercanos, pidiendo ayuda económica para salir de un problema a raíz de un accidente automovilístico.
La estafa era hecha desde centros en República Dominicana que usaron tecnología para hacer parecer que las llamadas provenían de un número telefónico estadounidense.
Una vez que los ‘abridores’ lograban convencer a las víctimas, otros supuestos estafadores que trabajaban en los centros de llamadas, conocidos como ‘cerradores’, posiblemente se hicieron pasar por abogados defensores, agentes de Policía o personal judicial, y convencieron a las víctimas para que proporcionaran miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos.
Los ‘cerradores’ normalmente convencían a las víctimas de entregar el dinero en efectivo a ‘mensajeros’ que enviaban a las casas. Estos últimos a menudo usaban nombres falsos y entregaban a las víctimas recibos falsos.
20 años en prisión
Si los acusados son declarados culpables enfrentarán una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo, una multa máxima de 250.000 por cada cargo de fraude postal y electrónico y una multa máxima de 500.000 por cada cargo de lavado de dinero.
El fiscal Arun G. Rao advirtió en un comunicado que su oficina continuará identificando a los sospechosos de estas tramas y “dando prioridad a la persecución de aquellos que deliberadamente apuntan a consumidores vulnerables, ya sea que se encuentren en los Estados Unidos o en el extranjero».
El pasado martes dieciséis personas fueron acusadas en relación a una estafa fraguada desde República Dominicana contra decenas de estadounidenses de la tercera edad y que asciende a millones de dólares, anunció este martes el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por su sigla en inglés).
Entre los acusados hay 11 dominicanos que enfrentan 19 cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, así como lavado de dinero, entre otros.
