Si Sánchez consigue apoyo suficiente en la cámara de 350 escaños, la formación del nuevo gobierno pondría fin a un periodo de incertidumbre política desde las elecciones inconcluyentes del 23 de julio, que dejaron un parlamento muy fracturado. El PP fue el partido con más votos, pero no pudo formar coalición cuando lo intentó en septiembre.

Aparte de la amnistía, Sánchez tuvo que hacer más concesiones al partido de Puigdemont Junts y su rival separatista Esquerra Republicana de Catalunya.

Los socialistas acordaron con ERC condonar millones de euros de deuda para la región y cederle el control parcial de los servicios de tren de cercanías. El partido de Sánchez cedió después a la presión de Puigdemont para permitir que Cataluña se quede con más de sus ingresos fiscales y, algo más controversial, abrir negociaciones sobre la posibilidad de debatir un referendo de independencia para Cataluña, pero dentro de los límites de la Constitución española.

Sánchez ha defendido sus acuerdos con el argumento de que ayudarán a seguir normalizando la situación política en Cataluña y reducir más las tensiones entre Madrid y Barcelona. Los partidos separatistas han perdido poder en las últimas elecciones, mientras que los socialistas de Sánchez han crecido en Cataluña.

El acuerdo también supone que, por primera vez en casi una década, el partido de Puigdemont abandonó su posición de intentar desestabilizar al Estado español y, al menos por ahora, garantiza que Sánchez se mantiene en el poder al acordar votar con el gobierno en leyes importantes.