MADRID.- Un juez del Tribunal Supremo español acusó el viernes a 13 políticos secesionistas catalanes, incluyendo el expresidente prófugo Carles Puigdemont, de rebelión por su intento de declarar la independencia de la región nororiental de España el pasado octubre.

Las acusaciones dictadas por el juez Pablo Llarena culminan una investigación sobre los acontecimientos que sumieron a España en su peor crisis política en décadas.

De acuerdo con las leyes españolas, los cargos de rebelión pueden acarrear penas de prisión de hasta 30 años. En total, 25 políticos y líderes del movimiento independentista catalán serán juzgados por cargos de rebelión, malversación o desobediencia.

Entre los imputados por rebelión estaban el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, que ya está en prisión preventiva, y siete exconsejeros del ejecutivo regional; la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell; los activistas proindependencia Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y la líder del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Marta Rovira, que no acudió a la citación judicial y antes el viernes anunció su salida del país.

Puigdemont indicó que su decisión no se verá alterada por la acusación. «Veremos qué ocurre mañana, qué ocurre hoy. Las cosas cambian todos los días», dijo desde Helsinki, donde está de visita.

El exdirigente criticó también la decisión judicial sugiriendo que Llarena estaba influenciado por el clima político en el país. «No está bien que un juez haga política», agregó.

Por su parte, Rovira explicó su situación en una carta a sus seguidores publicada en el cibersitio de ERC. La política, que jugó un papel importante en los acontecimientos del pasado otoño que incluyeron la celebración de un referéndum que había sido declarado ilegal por el gobierno central de Madrid y una fallida declaración de independencia en la cámara regional, no aclaró si ya había salido del país o cuál sería su destino.

«Hoy tomo un camino difícil, un camino que, desafortunadamente, muchos otros que nos precedieron han tenido que tomar. El camino al exilio», escribió en la carta publicada en el cibersitio de ERC.

Otros cinco ex altos cargos políticos de la región, entre ellos Puigdemont, huyeron a Bruselas en octubre. Una exdiputada del partido proindependentista de izquierdas CUP, Anna Gabriel, se marchó a Suiza antes este año.

La Constitución Española garantiza la unidad del Estado, y los tribunales han bloqueado todos los esfuerzos secesionistas de las autoridades catalanes.

La independencia no es posible a menos que se reforme la Carta Magna. Doce de los exconsejeros del ejecutivo regional están acusados también de malversación de fondos públicos, y siete legisladores fueron imputados por desobediencia.

El juez solicitó además a los 14 ex miembros del gobierno catalán que depositen 2,1 millones de euros (2,6 millones de dólares) antes del juicio que determinará si deben devolver los fondos públicos mal utilizados.

En esta cifra se incluyen los 1,6 millones de euros que, según la pesquisa judicial, se emplearon para pagar el costo del ilegalizado referéndum del 1 de octubre.

Seis de los políticos estaban citados por el tribunal el viernes, un indicio de que el magistrado podría decretar más tarde en el día su ingreso en prisión preventiva.

Entre ellos estaba Jordi Turull, exconsejero del cesado gobierno catalán y que el jueves se quedó a las puertas de ser elegido nuevo presidente.