*Por Víctor Féliz Solano

Cuando determinamos que algo es de todos se denomina “espacio público”, esto no quiere decir que sea un lugar en donde alguien de manera particular se apropie o usufructúe de él, más bien, lo que indica es que sí es de todos y podemos movernos y usarlo libremente a nuestras anchas, pero con “armonía”. En el aspecto legal no quiere decir que NO tenga dueño. Lo que prima es que no se maneja bajo los mismos criterios de la propiedad privada.

Por los regular, cuando nos referimos al término espacio público nos referimos a aceras, calles, parques y plazas. Pero también a edificios, instalaciones deportivas de carácter público, etc. en resumen podemos decir en lenguaje llano, que espacio público es lo que NO es de nadie, pero sí es de todos.

Para las autoridades municipales espacio público también es, todo aquello que no está bajo un título de propiedad de un particular. Por tal razón, vemos como de manera permanente las corporaciones edilicias se enfrentan a intereses particulares que ocupan o invaden espacios que son del manejo y defensoría de las autoridades locales.

Desde tiempos inmemoriales, los ciudadanos inconscientes por diversas razones, a veces por fines lucrativos, otras veces por fines de subsistencia, ocupan de manera indiscriminada y abusiva espacios que son del estricto cuidado de las autoridades. Estas a diario, se enfrentan a situaciones muy desagradables y que en algunos casos han desencadenado en desgracias humanas. Las situaciones a las que se enfrentan los defensores del espacio público, podemos decir, que son tan distintas como actividades comerciales se generan en una sociedad cargada y envanecida por el lucro fácil y el boato.

Tomar decisiones como desalojar empresas del transporte, venduteros, indigentes y demoler edificaciones, entre otras, envuelven conflictos políticos y además enfrentar intereses económicos de amplio espectro. Si los grandes capitales son los que eligen autoridades, obviamente decidir por el bien común es un tema moral difícil de manejar.

De manera permanente nos quejamos de que el ayuntamiento no supervisa las construcciones, paradas ilegales de transporte público y negocios que invaden linderos, y demás, impidiendo con esto que los munícipes puedan disfrutar de aceras, calles y áreas verdes. ¿Entonces que debemos hacer nosotros los ciudadanos comunes? La respuesta no es tan fácil como parecería, pues también nos tocaría la fibra del interés humano al momento de elegir entre lo correcto y el beneficio individual.

La manera más ejemplar y correcta es no comprarles vehículos a aquellas agencias que están en las aceras y calles, no comprarle viviendas a constructores que violan linderos, no tomando transporte público en paradas ocupando áreas verdes, no comprando hamburguesas a camiones de comidas que ocupan aceras y parques. Con estas expresiones, el lector pensaría que somos descorazonados y que exhibimos de manera ostentosa nuestra falta de solidaridad y caridad ante los más desposeídos, sin embargo, nuestra opinión va en la dirección contra aquellos que, recibiendo pingües beneficios y lucros desbordantes, ocupan de manera ilegal cometiendo, no solo el abuso de invadir espacios públicos, sino que además se niega a formalizarse provocando pérdidas económicas al ayuntamiento y perjudicando al comercio formal.

Debemos promover, apoyar y proteger al ciudadano correcto y con estas acciones emular el civismo, la convivencia pacífica y el imperio de la ley. ¿Queremos que los ayuntamientos cumplan? Empecemos nosotros a cumplirle a la ciudad.