Operación Gaviota: A juicio red que estafó con más de RD$4,000 millones y US$11 millones a 332 personas

Prometían rendimientos mensuales de entre 10% y 30% con supuestas inversiones bursátiles que no existían.

Prisión preventiva
Prisión.

SANTO DOMINGO.- Un tribunal del Distrito Nacional envió a juicio a los integrantes de la red desmantelada con la Operación Gaviota, la cual movilizó de forma fraudulenta más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 víctimas.

La estructura operaba desde 2020 hasta 2024 con un esquema piramidal bajo el nombre Investor Winner, prometiendo rendimientos mensuales de entre 10% y 30% con supuestas inversiones bursátiles que no existían.

Entre los enviados a juicio están los cabecillas Rafael Martínez Batista y su pareja Eridania García Veloz de
Martínez, junto a otros 19 acusados.

También están involucradas más de 15 empresas, usadas para captar fondos sin tener permisos de la
Superintendencia de Bancos ni del Mercado de Valores.

Operación Gaviota: A juicio red que estafó con más de RD$4,000 millones y US$11 millones a 332 personas
Los implicados en la denominada Operación Gaviota captaban a los clientes potenciales con promesas de ganancias extraordinarias.

El tribunal, acogiendo la solicitud de los fiscales, encontró suficientes pruebas y dictó auto de apertura a juicio. La lectura completa de la decisión será el 14 de noviembre de 2025.
El Ministerio Público presentó más de 650 pruebas, incluyendo 376 testimoniales, 19 peritajes financieros y 254 documentos.

Los fiscales comprobaron que se trataba de un esquema Ponzi: los primeros "inversionistas" cobraban con el dinero de nuevos clientes. Muchas víctimas hipotecaron propiedades o usaron sus ahorros.

Para ocultarse, algunos de los acusados transfirieron acciones, abandonaron sus viviendas y hasta salieron
del país.

El expediente judicial incluye violaciones a múltiples normativas, entre ellas la Ley 53-07 sobre Crimenes y Delitos de Alta Tecnología, por estafa digital; el Código Penal, por asociación de malhechores y estafa; la Ley 183-02 de Monetaria y Financiera, por ejercer intermediación financiera sin autorización; la Ley 249-17 del Mercado de Valores, por captar fondos sin permisos; la Ley 127-64 sobre Cooperativas; y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.