SANTO DOMINGO.-El primer caso registrado del Covid-19 en República Dominicana fue el de un italiano de 62 años que llegó al país como turista y se alojó en un hotel de Bayahíbe en el que hizo vida común desde el día 22 de febrero hasta que fue examinado por personal de salud por haber presentado síntomas de la enfermedad.

El caso fue dado a conocer el día 1 de marzo.

De esta manera llegó el Covid-19 a República Dominicana, según el registro oficial. Los casos conocidos que siguieron, con la excepción de una señora de Villa Rivas, fueron detectados en su gran mayoría en un nivel social que ha permitido su manejo sin grandes contratiempos.

El primer gran desafío lo ha presentado San Francisco de Macorís, donde se ha hecho evidente la trasmisión comunitaria.

Al día 30 de marzo la estadística oficial era de mil 101 casos confirmados, 51 muertes y 5 personas recuperadas. ¿Serían las mismas cifras de haber estado el sistema en capacidad de aplicar pruebas masivas?

El País, periódico de Madrid, publicó en el último tercio del mes cómo se disparó el número de casos en España cuando se pasó de aplicar las pruebas no sólo a quienes mandaba el protocolo, sino a los afectados de neumonía. Y El Mundo, también de Madrid, se pregunta, ¿qué han hecho mal dos países europeos? Ello en relación con el número de casos, superior a lo ocurrido en Wuhan, China, donde se conoció del primer brote de este coronarivus en el mundo. Debe de ser un error comparar a una sociedad controlada con una sociedad abierta del tipo occidental.

Mes fatídico

Entre el inicio y el final de marzo hubo elecciones municipales extraordinarias en el país, dos alocuciones del presidente Danilo Medina, una el día 17 con la que fue iniciado el frenazo social, económico y político de la economía más grande y dinámica del caribe isleño, y la tercera (o segunda) nación del área y otra alocución el día 25 de marzo.
Algunos comentaristas ven en las elecciones extraordinarias la fuente del contagio. Otros la ven en la incapacidad para frenar el turismo y otros, entre los que se inscribe la principal autoridad sanitaria, en el ánimo festivo con que fue recibida la amenaza en los niveles medio y alto de la sociedad dominicana.

Las medidas anunciadas el día 17 incluyeron el toque de queda durante 10 horas, desde las 8:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana y en la segunda alocución fueron agregadas 3 horas, desde las 5:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana.

Con la desmovilización social se espera bajar el número de casos en el corto tiempo para evitar el colapso del sistema sanitario.

A escala mundial ésta es la idea que subyace al frenazo de la economía, la desmovilización social y la conminación o la invitación a las personas y familias para que se queden en casa, que se integren a la disgregación social.

Un desafío
El sector informal de la economía dominicana es inmenso. Según cifras del Banco Central, en el cuarto trimestre de 2019 era de 54.8% de la fuerza laboral. Es decir, alrededor de 2 millones 600 mil personas dedicadas a hacer, comprar y vender cosas en todo el país.

Una gran parte de esa informalidad tiene lugar en espacios públicos a los que se pasa a darles un uso particular sin ninguna regulación, lo que es posible por la incapacidad de la Administración para aplicar reglas, normas, leyes y códigos. Y por su indisposición para hacerlo.

La autoridad del Estado, como consecuencia de la falta de urbanidad, de la intolerancia ante la acción de la autoridad cuando esta interviene y la incapacidad de esta para cumplir su rol, dejan al Estado como una entelequia de tinta y papel sin ninguna conexión con la realidad.

Las causas de esta negación cotidiana para la utilización de la regla común como fórmula de convivencia tienen una base social, pero también política.

La base de la sociedad dominicana es también la más activa en términos electorales, por lo que los administradores del Estado, que llegan a los puestos por la vía de los partidos, no tienen ningún interés en afincar la autoridad del Estado.

Ante una situación como la planteada con el frenazo económico y social para evitar el contagio masivo que haría colapsar el sistema de salud, la población en todos sus niveles carece de referentes prácticos (empíricos) y los administradores tienen una autoridad mellada por la tradicional politización de sus acciones públicas.

En situaciones como estas la garantía de todos debería de ser el Estado, no como la persona jurídica que es, sino como instrumento del bien común.

No todos los vulnerables lo son por su alta edad

Alto riesgo. Según proyecciones de la Oficina Nacional de Estadística, la población dominicana al 2020 es de unos 10 millones 500 mil habitantes.

El censo del año 2010, último en ser aplicado, arrojó una población de 9.4 millones, de la cual 993 mil 178 eran personas con edades entre 50 y 64 años; los de 65 años o más eran 587 mil 134. Sobre esta base, digamos que son unos 600 mil los dominicanos de 60 años o más al año 2020.

Se trata, hasta aquí, de una vulnerabilidad natural. Hay, sin embargo, una parte de la población joven que no tiene ninguna condición o enfermedad catastrófica, pero que ha sido usuaria ocasional o habitual de jukas, una moda que debe de tener unos diez años desde que se hizo masiva en el país.