¿En qué consiste el acuerdo entre Barrick Pueblo Viejo y las comunidades de Cotuí?

Santo Domingo.- Con una inversión que supera los RD$20,000 millones, Barrick Pueblo Viejo y las comunidades de Cotuí firmaron un acuerdo definitivo de reasentamiento para destrabar los temas pendientes vinculados a la expansión de la mina en Sánchez Ramírez.

El pacto contempla la construcción de viviendas dignas, acceso a servicios básicos y una serie de programas sociales, económicos y educativos para garantizar una transición justa y sostenible para las familias afectadas.

El acuerdo fue alcanzado luego de múltiples sesiones de trabajo y negociaciones con la intermediación del Gobierno dominicano representado por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, la Iglesia Católica a través del obispo de La Vega, monseñor Tomás Morel Diplán, y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.

Reasentamiento

La inversión contempla no solo la provisión de viviendas según el censo realizado, sino también acceso a agua potable, electricidad, servicios de salud y educación (nivel primario y secundario), espacios deportivos (cancha mixta y campo de béisbol), y la construcción de nuevas vías de acceso.

En términos de compensación económica, se establecieron nuevos valores de reposición para ocho cultivos agrícolas, así como pagos por cada tarea de tierra afectada, de acuerdo a una matriz de precios previamente consensuada con las comunidades.

Además, se incluyó un programa de soporte psicosocial con profesionales en psicología para acompañar a los hogares durante el proceso de traslado y adaptación, y un plan de generación de ingresos con educación financiera y asistencia técnica para desarrollar actividades económicas sostenibles.

También se implementarán iniciativas para fortalecer la educación formal, reducir el analfabetismo y fomentar la convivencia entre las familias reasentadas y las comunidades receptoras.

Infraestructura pública como parte del acuerdo

El Estado dominicano se comprometió a construir una Unidad de Atención Primaria, un politécnico, un destacamento policial, un mercado y un cementerio municipal en el nuevo asentamiento. También se contempla una estancia infantil y el mejoramiento del tramo carretero Cotuí-Nuevos Horizontes.

Reacciones al acuerdo

El ministro Joel Santos calificó el acuerdo como “un paso trascendental hacia una minería inclusiva y respetuosa de los derechos comunitarios” y agradeció el rol clave de la Iglesia y el Defensor del Pueblo por su mediación neutral y comprometida.

Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, señaló que este es apenas el inicio de una transición que requerirá seguimiento y acompañamiento continuo: “Más allá de los plazos establecidos, este proceso será evolutivo y de aprendizaje colectivo”.

Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, destacó que el proceso de reasentamiento fue construido con la participación activa de las partes interesadas y cumpliendo con los estándares internacionales, como la norma de Reasentamiento Involuntario de la Corporación Financiera Internacional (IFC).

De su lado, el representante comunitario Martín Guzmán valoró el acuerdo como positivo: “Estamos en el punto final de una negociación y hemos sacado lo mejor que se ha podido”.