Por: Yuliana Jannelka Santana
Santo Domingo- El director de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel dijo este miércoles estar convencido que en el caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) funcionó un entramado público-privado con el interés de apropiarse del dinero del Estado.
“Se apropiaron de un poco más de 1,300,000 millones de pesos, las actuaciones de los peritos y la actuación del comité de compras no estuvieron apegadas a la legalidad” indicó Pimentel en el programa Uno más Uno, de Teleantillas Canal 2.
Compras y contrataciones anuló el pliego de condiciones del contrato suscrito por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo con la empresa Transcore Latam.
Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones.
El funcionario añadió que en la primera decisión le recomendó al INTRANT establecer las medidas disciplinarias con relación a los peritos actuantes y al comité de compras por lo que el nuevo director interino coronel Randolfo Rijo, los suspendió, “obviamente eso se necesita profundizar aún más”.
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Pimentel informó además, que se concluyeron tres investigaciones y ayer notificaron la última resolución de procesos y se le suspendió el Registro de Proveedor del Estado (RPE) a la empresa Transcore Latam de manera permanente.
Resolución de 173 páginas, Compras y Contrataciones la cual señala las denuncias y hallazgos que motivaron a la nulidad del contrato, dentro de las que incluye que en el proceso en la emisión de certificación de aprobación presupuestaria.
“Casi cuando se produjo la adjudicación nosotros le enviamos una comunicación al director del INTRANT, donde le decíamos que estábamos identificando algunas irregularidades en el proceso y documentación presentada por la empresa y entendíamos que ellos debían solicitar una inhabilitación de la empresa, ese comunicado no obtuvo respuesta”, expresó Pimentel.
Asimismo, Pimentel dijo que el proceso de licitación fue lanzado en febrero del 2023, hubo una observación de la Dirección de Contrataciones, a través del sistema de alerta preventivo donde detectaron debilidades en el pliego de condiciones, que fue informado a la institución, sin embargo esta continuó con el proceso continuo.
«La Procuraduría General de la República tiene el caso en sus manos, y de igual manera otras instancias, nosotros en todo el interés de colaborar, de aportar con esas instancias y, además, el Intrant tiente decisiones que tomar también», dijo Pimentel.
