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Empresa de dominios en internet amenazó con clausurar Listín Digital

El Día Por El Día
El periódico Listín Diario tiene 135 años de fundado y es uno de los de más audiencia digital en el país.  AGENCIA FOTO
📷 El periódico Listín Diario tiene 135 años de fundado y es uno de los de más audiencia digital en el país. AGENCIA FOTO

Emplazar. Network Solutions de Estados Unidos emplazó a retirar una información sobre el caso de corrupción Medusa. Reto. El Caso pone de manifiesto fragilidad de la libertad prensa digital.

Santo Domingo.-El reciente intento de censura digital contra el periódico Listín Diario, perpetrado mediante una intimación por parte de la empresa estadounidense Network Solutions, ha encendido las alarmas sobre un flanco vulnerable de la libertad de prensa en la era digital: el control de los dominios web.

Listín Diario, decano de la prensa dominicana con 135 años de historia, recibió una advertencia formal de Network Solutions, la empresa que gestiona su dominio web listindiario.com.

En la comunicación se exigía la eliminación de una noticia publicada sobre Lisandro Macarrulla hijo, quien había admitido cargos en el caso de corrupción administrativa conocido como Medusa.

La empresa fijó un plazo de 48 horas para eliminar el contenido bajo amenaza de suspender el dominio del periódico.

El artículo objetado fue publicado el 22 de marzo de 2024 y recoge informaciones ampliamente difundidas en su momento por diversos medios dominicanos.

El reclamo de Network Solutions se basó en que supuestamente se habría violado su política sobre “información personal sensible”, aunque la nota no contenía datos más allá de los ya conocidos por la opinión pública.

Control externo
Este hecho pone de manifiesto que en el mundo digital, los dominios web (como listindiario.com) no pertenecen plenamente al medio que los utiliza.

Son registrados y renovados periódicamente mediante una licencia que depende de empresas intermediarias, conocidas como registradoras de dominios, muchas de las cuales están bajo regulación estadounidense.

Network Solutions, fundada en 1979 y una de las más antiguas en este sector, forma parte de ese entramado. Aunque internet es una red global, buena parte de su infraestructura legal y técnica sigue centralizada en Estados Unidos.

La ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), organismo con sede en California, regula los dominios de nivel superior como .com, .net y .org, lo que le otorga a las empresas registradoras un poder que puede ser arbitrario cuando se aplica sin criterios judiciales.

Equivalencia
La amenaza de suspensión lanzada contra Listín Diario es equivalente, en el mundo físico, a clausurar su rotativa e impedir la distribución de su edición impresa, pero con efectos más inmediatos y devastadores.
Un “apagón digital” de su página web afectaría no sólo a su archivo histórico y presencia editorial, sino que privaría a millones de lectores del acceso a información de interés público.

El Listín Diario anunció públicamente la intimidación recibida, rechazó lo que calificó como un intento de censura y comunicó que iniciaría el proceso de cambio de proveedor para la gestión de su dominio digital, una decisión que implica una compleja migración de archivos, pero que garantiza su soberanía informativa.

Macarrulla se desliga
La familia Macarrulla, aludida en la noticia, emitió un comunicado en el que negó cualquier vínculo con Network Solutions y reafirmó su respeto a la libertad de expresión y al trabajo histórico del Listín Diario.

Nuevos peligros
Este incidente revive el debate sobre los peligros de una censura digital disfrazada de «violación de términos de servicio». Lo ocurrido evidencia que, si una empresa estadounidense considera que un contenido viola sus políticas internas, puede intentar silenciarlo, aunque dicho contenido sea legal y de interés público en el país donde fue producido.

Así, se convierte en una forma de censura indirecta que pasa por alto las garantías democráticas.

Jurisprudencia del TC
En ese sentido, cabe recordar que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en su sentencia TC/0171/20, reconoció el derecho de los medios de comunicación a preservar y mantener accesibles las informaciones veraces y de interés público que hayan sido difundidas. La amenaza recibida por Listín Diario entra en abierta contradicción con este criterio.

El proyecto de reforma a la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, actualmente en discusión, contempla la prohibición expresa de esta clase de interferencias.

En dicho proyecto se establece que cualquier solicitud de desindexación o eliminación de contenidos debe pasar por un proceso judicial o administrativo transparente, con garantías de defensa, en aras de salvaguardar la libertad de expresión.

Territorialidad

— Dominios locales
Algunoss medios dominicanos utilizan mecanismos locales de gestión de dominios, como NIC.do, que administra los dominios .do bajo la tutela de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

SIP manifiesta profunda preocupación
Alerta. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó preocupación ante una amenaza de censura digital que afecta al periódico Listín Diario en aparente represalia por la publicación de información de interés público vinculada a un caso judicial sobre presunta corrupción.

José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, afirmó que “este tipo de presiones constituyen un riesgo creciente para el libre ejercicio del periodismo y pueden derivar en formas de autocensura motivadas por el temor a represalias”.

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), advirtió que “es preocupante que empresas privadas puedan actuar como mecanismos indirectos de censura, eliminando contenidos legítimos por presión de intereses particulares”. Recordaron que el principio 10 de la Declaración de Salta II sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital, establece que “la supresión o desindexación de información sobre hechos de interés público atenta contra el derecho ciudadano a informarse y preservar la memoria colectiva”.

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