Santo Domingo.– El embajador norteamericano James Wally Brewter dijo hoy que Estados Unidos trabaja en coordinación con el Ministerio Público en varios casos importantes, incluyendo el de los aviones Super Tucano.

James Brewster dijo que no se pueden  revelar mayores detalles de la investigación, pero aseguró que es un proceso abierto.

En tanto, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, indicó que por el caso Tucano se está llevando una investigación  seria.

«Todo lo que se ha recibido, incluso solicitado por nosotros está en el expediente y además hemos logrado que el caso fuera declarada complejo, para tener mas tiempo y fortalecer la investigación», señaló el funcionario.

El embajador estadounidense y el procurador hablaron tras participar en la conmemoración del décimo aniversario del programa Casa Comunitaria de Justicia, auspiciado por el Gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia de Desarrollo Internacional (USAID).

La empresa Embraer, que fabricó los aviones Super Tucano, acordó pagar US$205 millones a Estados Unidos y Brasil para cerrar el caso que enfrenta por corrupción y soborno en varios países, incluido República Dominicana.

La compañía brasileña admitió responsabilidad por el pago de sobornos en Arabia Saudita, República Dominicana y Mozambique para obtener contratos de venta de sus aviones. También reveló que pagó para falsear datos sobre contratos en India.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, Embraer admitió que ejecutivos y empleados de la empresa sobornaron a funcionarios y falsificaron registros en relación con la venta de aviones a gobiernos y entidades estatales de varios países.

La nota del Departamento de Justicia indica que en 2008, la empresa pagó US$3,52 millones a funcionarios del Gobierno de República Dominicana a través de un contrato de representación falso que aseguró la venta de ocho aviones militares a la Fuerza Aérea Dominicana por aproximadamente US$93 millones.

La revelación pone en apuros a las personas a las que el Ministerio Público les atribuye responsabilidad en el caso.

El coronel Carlos Piccini Núñez está en prisión preventiva; el exsecretario (ministro) de las Fuerzas Armadas, Rafael Peña Antonio, tiene impedimento de salida, y al empresario Daniel Aquino Méndez y su hijo Daniel Aquino Hernández son monitoreados por brazaletes electrónicos.