A la edad de 22 años empecé a debatir con amigos, compañeros de trabajo y familiares la legitimidad o ilegitimidad del aborto en República Dominicana. Sin dudas, uno de los temas más acuciantes de la agenda pública que toma vigor ante fechas conmemorativas alusivas a los derechos humanos y dignidad de las mujeres y las niñas.

Como “cada cabeza es un mundo”, aún respeto las creencias y valores de las personas con las que socializaba el tema porque no buscaba imponer mi posición, sino, mostrar el porqué de las luchas de las mujeres por el derecho a decidir en el marco de la despenalización del aborto en tres causales.

Mi visión como mujer y activista social será siempre la misma: que exista una ley garantista de todos, no solo de un sector. Una Ley que permita que “juanita”, la mujer empobrecida y vulnerable del barrio pueda interrumpir su embarazo cuando representa un riesgo para su vida, por una violación o incesto, o si lleva en su vientre una criatura con malformaciones fetales incompatibles con la vida.

No quiero ser redundante con lo antedicho, pero sí quiero marcar que la necesidad de la despenalización del aborto es una cuestión para preservar la vida y la salud de la mujer basado en evidencias que provienen de las ciencias sociales y ciencias de la salud, y más que demostradas.

Es inadmisible que la sociedad siga aceptando que una mujer muera por salvar su vida o dignidad. Con la despenalización en tres causales buscamos dejar abierta la opción para que la mujer interrumpa su embarazo, pero, la que no quiera hacerlo, que la misma ley le dé esa elección, así prevalezcan los derechos de una u otra.

Si bien es cierto que las féminas de forma legal o ilegal apelarán al aborto cuando no puedan seguir adelante con el embarazo, también es cierto, que no es lo mismo hacer el procedimiento de manos de un académico que pondrá todo su conocimiento al servicio de la mujer para preservar su salud en caso de requerirlo, que hacerlo en manos de un atrapacheles.

Las mujeres pobres de nuestro país son las más expuestas a recurrir a abortos clandestinos, porque las que tienen recursos económicos cuentan con todas las garantías medicas aquí o en el extranjero. Cambiar esa situación depende de decisiones políticas que aún no se han tomado y de proyectos de ley que se mantienen en un letargo.

Debemos poner fin a este viacrucis. En una sociedad donde reina un doble discurso para la moral pública y la privada es vital elegir bajo el amparo de la ley, la interrupción o no de un embarazo.

*Milossis Liriano, licenciada en Comunicación Social y Máster en Comunicación Corporativa