El transporte, otra vez

El transporte, otra vez

El transporte, otra vez

Con los esfuerzos realizados por los ayuntamientos y por el Gobierno Central para la organización y adecentamiento del transporte público, urbano e interurbano se puede escribir una enciclopedia de varios volúmenes.

Un trabajo como este sería útil, desde luego, como literatura surrealista, o como historia del absurdo, porque está visto que escribir sobre el particular no aporta soluciones. Cualquier examen superficial de la prensa de los años 70, al final, hasta estos tiempos, descubriría ríos de tinta.

Uno de los esfuerzos más completos en este campo debe de haber sido hecho en la administración del presidente Silvestre Antonio Guzmán Fernández (1978-82), bajo la responsabilidad de la denominada, entonces, Oficina Nacional de Transporte Terrestre (Onatrate), desde la cual se dotó a la capital de una red de rutas y ruidosas guaguas que cubría, con bastante eficiencia, las necesidades de movilización urbana.

Aquello, desde luego, es historia. Todos saben cómo empezó en el año de 1979, y muy pocos pueden contar qué mató a Onatrate.

Pero esta nota no se escribe con esa finalidad, sino para hacer una recomendación ahora que hemos visto al presidente Luis Abinader en la inauguración de un corredor, en una avenida de la capital, destinado a sacar los carros del concho y dejar en operación, en su lugar, autobuses modernos para ofrecer un transporte masivo de pasajeros.

El de la avenida Núñez de Cáceres es, apenas, uno de 9 corredores destinados a convertir a los choferes del concho en empresarios del transporte, según las palabras del presidente.
Tampoco es la primera vez que se experimenta en esta dirección y el resultado ha insistido en ser el mismo durante décadas, ¿por qué? Porque la administración pública, el Estado, cada vez, ha insistido en entregar a los particulares la operación de un servicio que le corresponde y, con la entrega, ha renunciado a la debida regulación; ¡no lo haga, presidente!
Dejemos a un lado la operación económica y centremos la atención en el servicio, ¿quién regula? ¿de quién es el deber? Del Estado y su administrador, sin duda, pero nunca lo hace.



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