Patricia Arache.
El transporte terrestre y la seguridad vial son cada vez más caóticos en las calles de Santo Domingo y en las carreteras y autopistas de República Dominicana.
No importa que contemos con la moderna Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana. No importa lo que diga: es letra muerta.
Sólo hay que salir a las calles, a cualquier hora del día y de la noche, para saber lo que es sobrevivir “en una selva de cemento”.
Las estadísticas revelan que República Dominicana ocupa el nada envidiable puesto número uno de las naciones con mayor tasa de mortalidad a causa de accidentes de tránsito al nivel mundial y el único país de América Latina, entre los 25 primeros que figuran en esa lista.
Para nadie es un secreto, y así queda establecido en los considerandos de la propia legislación de referencia, que las actividades movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, constituyen uno de los principales problemas económicos y de salud, en República Dominicana.
Cierto que desde varias instancias oficiales se han hecho esfuerzos por aplicar medidas y disposiciones que puedan reducir el impacto negativo que provoca en la vida cotidiana la anarquía y el desorden con los que funciona el tránsito, pero no han sido muy exitosos.
Como tampoco han tenido buenos resultados, los especialistas que revelan, no sin escandalizarse, los elevados montos del presupuesto de Salud que debe disponer el país para hacer frente a las nefastas consecuencias que generan los accidentes de tránsito, a quienes les sobreviven.
Y, claro, no debemos dejar de precisar que la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito en el país es de aproximadamente 65 decesos por cada mil personas, muy por encima de la registrada en cualquier otro lugar del mundo, lo que genera también grandes secuelas en la composición social, económica y emocional de la familia.
Da gusto leer los aspectos contenidos en las 125 páginas con que cuenta la Ley 63-17, desde sus considerandos, que son un monumento al compromiso institucional, personal y colectivo en la construcción de “El maravilloso mundo de Alicia”, hasta el último de sus 360 artículos.
Incluso, hasta interesante es leer los artículos, 359 y 360, que establecen el procedimiento de aplicación de esta legislación.
Sí, vale la pena, porque el último refleja el desastre organizacional en el que hemos estado viviendo desde el 1963, cuando fue promulgada la Ley No. 16, que modificaba el Artículo 2 de la Ley No. 4809, del 28 de noviembre de 1957, era de Trujillo, sobre Tránsito de Vehículos.
Veinticinco instancias, entre leyes y decretos, quedaron derogadas del dizque marco regulatorio del sector transporte terrestre en República Dominicana, que arrastra, como si fuera parte de su ADN, el desorden y el incumplimiento de las normas y las disposiciones en distintas áreas, con una gran visibilidad en esta materia.
Ahora, el país cuenta con una ley, una buena ley, pero esa ni ninguna otra legislación, por sí misma, es suficiente para resolver los problemas generados por una sociedad que crece en todos los sentidos.
Las leyes hay que aplicarlas, hay que conocerlas, hay que enseñarlas y, sobre todo, hay que crear conciencia colectiva sobre la necesidad de que sean respetadas y, demostrar también, que son aplicables a todos por igual.
Responsabilidad, compromiso, autoridad y conciencia hacen falta para evitar que República Dominicana siga aportando tres mil personas cada año a la muerte. ¡Eso es mucho, muchísimo! ¡Paremos esto!
