Desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada se tiene la certeza de que en el país deben ser establecidas las condiciones para una discusión de la minería que contemple aspectos técnicos y científicos, pero también con las inquietudes sociales en torno al tema sobre la mesa.
Una operación minera que se realiza con responsabilidad puede llevar beneficios a las comunidades, de acuerdo con altos ejecutivos del Conep que el pasado miércoles compartieron con periodistas en el tradicional Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.
El comentario surgió a propósito de una pregunta sobre las demostraciones populares contra la minería en varios puntos del país.
César Dargam, vicepresidente ejecutivo de la entidad que agrupa a gran parte del empresariado nacional, razonó en el encuentro sobre la paradoja de un Estado que otorga a empresas licencias para la exploración minera, pero una parte importante de la población les niega la aprobación social.
Ha ocurrido recientemente en la provincia San Juan, con el proyecto que llevaba adelante la empresa Golquest; en Santiago y comunidades vecinas, se han producido recientemente demostraciones en demanda de que la cordillera Septentrional sea declarada patrimonio nacional libre de explotación minera.
Hace apenas unos días que Barahona fue punto de reunión de miles de personas contra actividades mineras que estarían poniendo en riesgo los recursos naturales y el medio ambiente en la sierra de Bahoruco.
En la década pasada fue notorio el repudio contra los planes de extender las operaciones de una empresa minera hacia loma Miranda, en la que habrían sido localizados yacimientos importantes de ferroníquel.
Todos estos casos —los que tienen lugar en estos tiempos y los del pasado— refieren a una minería en contraposición con el agua.
Si algo hay que remediar para un acceso razonable a estos recursos, pasa sin dudas por la remediación de esta mala fama.
