El Gobierno dominicano ha avanzado en la transparencia de las finanzas públicas. Ahora bien, el presupuesto general de la nación y ley de gasto público debe ser el instrumento más idóneo para cumplir esos propósitos.

En el se reflejan concretamente las políticas públicas y el empleo racional y efectivo de los ingresos.

Todas las instituciones del Estado coparticipan activamente en la formulación y elaboración del presupuesto, sean estas centralizadas, descentralizadas y autónomas, teniendo como base el programa de gobierno, los objetivos y planes de acción establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, las necesidades de las diferentes instituciones y las disponibilidades de recursos.

Pero la transparencia es un trabajo inagotable. Se debe construir y garantizar durante toda la gestión. Más transparencia implica responsabilidad en el gasto, eliminación de las prácticas de manipulación de la deuda pública, democratización de las asignaciones presupuestarias, fiscalización y fortalecimiento de los mecanismos de participación de toda la sociedad.

Los sistemas de evaluación de desempeño en la implementación y ejecución presupuestaria deben ser parte esencial de una política de uso responsable, apegada a la ley, oportuna y eficiente del presupuesto asignado a cada institución gubernamental.

El Gobierno es responsable de que todos conozcamos el origen de los fondos y cómo serán utilizados. También debe garantizar el mejor desempeño posible, lo que significa que está obligado a emplear los fondos públicos de la manera más eficiente posible.

Tenemos limitaciones, y para superarlas debemos emprender la tan esperada reforma fiscal.

Es una reforma para eliminar las distorsiones, las inconsistencias, las exenciones y privilegios injustos, elevar las recaudaciones de manera justa y redistributiva y garantizar la calidad del gasto.

Como tantos, este año se incumplirán las asignaciones legales a la salud, UASD, Poder Judicial y Ministerio Público, como la autonomía presupuestaria de otros órganos constitucionales, como las llamadas altas cortes.

La correcta distribución de los recursos públicos disponibles garantiza el principio de separación de poderes, así como el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales de dichos órganos.

Ninguno de estos puede funcionar adecuadamente ni cumplir sus funciones esenciales sin los recursos necesarios, sin olvidar que los recursos son limitados, pero pueden ser incrementados y más eficientemente empleados.