Víctor Féliz Solano
Santo Domingo, como capital y centro neurálgico del país, ha experimentado un desarrollo económico notable en las últimas décadas.
Sin embargo, este crecimiento también ha desencadenado una serie de desafíos que afectan a las familias y a los jóvenes emprendedores, quienes se enfrentan a un ambiente marcado por el aumento desproporcionado de los costos de la vivienda y alquileres, así como a las consecuencias de una burbuja inmobiliaria en pleno auge.
Estos elementos estresantes tienen un impacto directo en su calidad de vida y también limitan las oportunidades de desarrollo y movilidad social.
El acelerado incremento de los precios de las propiedades ha provocado que muchas familias de ingresos medios y bajos se vean obligadas a desplazarse a zonas más periféricas de la ciudad, buscando alquileres y viviendas más accesibles. Esta situación crea una serie de complicaciones que van más allá del simple cambio de residencia.
La mudanza a zonas alejadas del centro urbano incrementa los tiempos de traslado y el gasto en transporte, afectando la dinámica diaria de estas familias.
La falta de opciones de movilidad eficiente, sumada a la congestión vehicular, agota valiosas horas de productividad que podrían destinarse a actividades laborales o familiares. Además, el aislamiento de las comunidades centrales trae consigo la pérdida de redes de apoyo y dificulta el acceso a servicios básicos como educación y salud.
Para los jóvenes emprendedores, el panorama inmobiliario resulta aún más desalentador. La posibilidad de adquirir un espacio para desarrollar sus negocios o incluso de alquilar oficinas y locales comerciales se torna cada vez más lejana.
Los precios exorbitantes limitan la capacidad de estos jóvenes para invertir en infraestructura, obligándolos a operar en condiciones menos favorables, como espacios pequeños o compartidos que no se ajustan a sus necesidades.
La falta de recursos adecuados restringe sus posibilidades de expansión y le impone barreras adicionales a la competitividad en un entorno ya de por sí difícil. Esta presión económica puede llevar a muchos a abandonar sus proyectos o buscar oportunidades fuera de la ciudad, generando una pérdida significativa de talento e innovación local.
El costo de la vivienda es un factor determinante en el bienestar emocional y psicológico de las personas. Las familias que deben destinar una gran parte de sus ingresos al pago de hipotecas o alquileres elevados se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica, ya que cualquier imprevisto –como una emergencia médica o la pérdida de empleo– puede dejarlas en la ruina financiera.
La inseguridad de no saber si se podrá mantener el hogar o, en el caso de los emprendedores, la preocupación constante por el pago de locales comerciales y oficinas, crea un ambiente de tensión permanente que afecta la salud mental de los habitantes de la ciudad.
Además, la burbuja inmobiliaria fomenta la desigualdad social y la segmentación urbana. Mientras algunos sectores de la ciudad se llenan de torres residenciales de lujo y complejos comerciales, otras áreas, menos favorecidas, se deterioran rápidamente.
Esto genera un contraste cada vez más marcado entre quienes pueden acceder a estos espacios exclusivos y quienes luchan por sobrevivir en un entorno cada vez más costoso.
El resultado es una ciudad fragmentada, donde el acceso a servicios de calidad y a una infraestructura adecuada se concentra en unas pocas zonas, mientras que la mayoría de la población se ve excluida de los beneficios del desarrollo urbano.
El estrés financiero, la incertidumbre habitacional y la desigualdad en el acceso a oportunidades generan un círculo vicioso que afecta especialmente a las generaciones más jóvenes.
Para los jóvenes emprendedores, la falta de un entorno de estabilidad y el constante aumento de los costos de vida pueden apagar su deseo de innovar y de contribuir al crecimiento económico de la ciudad.
La implementación de políticas públicas que regulen el mercado inmobiliario, promueva la construcción de viviendas de interés social y garanticen un acceso equitativo a la infraestructura urbana es urgente para mitigar estos efectos y devolverle a la capital la capacidad de ser un espacio inclusivo y sostenible para todos.
*Por Víctor Féliz Solano
