El Partido de la Liberación Dominicana ha formado parte importante de la construcción democrática dominicana desde su fundación en 1973. Durante más de medio siglo ha sido instrumento de participación política, escuela de formación de dirigentes y fuente de una parte significativa del liderazgo político y administrativo que ha servido al Estado.
Por eso, lo que ocurra con el PLD interesa, en primer término, a sus miembros, pero sus implicaciones trascienden las fronteras de esa organización.
Una democracia necesita partidos fuertes, institucionalizados y capaces de competir. Eso incluye a los partidos con los cuales se simpatiza y, especialmente, a aquellos que se adversan.
Naturalmente, corresponde a la dirigencia peledeísta la responsabilidad fundamental sobre el tamaño y el espacio político que ocupe su organización.
Las dificultades institucionales que ha encontrado para realizar su consulta interna dejan una reflexión que trasciende al propio PLD.
Las leyes electorales tienen que garantizar equidad, transparencia y cumplimiento de los plazos, pero también deben contribuir al fortalecimiento institucional de las organizaciones políticas.
El Estado no está llamado a garantizarle a ningún partido su tamaño, sus resultados electorales ni su supervivencia política. Eso depende de cada organización y, finalmente, de los ciudadanos.
Lo que sí corresponde al sistema institucional es asegurar reglas que permitan que todos los partidos puedan organizarse, competir, renovarse y resolver democráticamente sus diferencias.
El PLD tendrá que decidir por sí mismo qué espacio logra ocupar y cuál será su papel en las elecciones de 2028.
Fortalecer el sistema de partidos no significa favorecer a una organización determinada, sino fortalecer la democracia.