El comportamiento de los mercados internacionales de energía comienza a convertirse en una amenaza que merece especial atención para las finanzas públicas dominicanas.
Durante años, el Gobierno ha utilizado los subsidios como mecanismo para evitar que las fluctuaciones externas de los combustibles y de la generación eléctrica se transfieran íntegramente a hogares, transporte y empresas. Esa política ha servido como amortiguador de la inflación y ha contribuido a preservar estabilidad social.
La preocupación no proviene únicamente del petróleo, cuyo precio se ha colocado por encima de los niveles considerados al elaborar las proyecciones presupuestarias. Una presión todavía mayor procede de los combustibles refinados, cuyos precios prácticamente se han duplicado en los mercados internacionales.
Esto resulta particularmente sensible para República Dominicana porque apenas alrededor del 30 % de los combustibles que consumimos se refina localmente, mientras cerca del 70 % debe importarse ya procesado. Por tanto, no basta observar la cotización internacional del barril de crudo para determinar la verdadera magnitud del impacto energético sobre nuestra economía.
A esa presión se suma el subsidio al sector eléctrico, que desde hace años absorbe cuantiosos recursos públicos debido, entre otros factores, a pérdidas, ineficiencias y dificultades de cobro.
El país enfrenta así la doble presión de contener los precios de los combustibles y sostener financieramente el sistema eléctrico.
El Gobierno debe evitar que una situación internacional coyuntural termine convirtiéndose en un problema fiscal estructural. Eso exige transparencia sobre cuánto están costando semanal y mensualmente estos subsidios, de dónde están saliendo los recursos adicionales y qué partidas podrían resultar afectadas.
Subsidiar puede ser necesario en determinadas circunstancias. Pero ningún subsidio es gratuito.
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