VENEZUELA.- El Parlamento venezolano aprobó cuatro de cinco leyes que buscan delinear el «Poder Popular» y fomentar el llamado socialismo del siglo XXI, un proyecto muy resistido por los críticos al presidente venezolano, Hugo Chávez, que alertan sobre la formación de un Estado paralelo.
La Ley del Poder Popular; la de Contraloría Social; de Planificación Pública y Popular y de Comunas fueron aprobadas sólo un mes antes de la entrada en funciones del nuevo Parlamento, en el que por primera vez en cinco años el oficialismo no tendrá la mayoría aplastante de la que disfrutó durante este período después que la oposición se retiró de los comicios de 2005.
La única ley que falta por discutir en el saliente Legislativo es la del Sistema Económico Comunal, informó el diputado Juan José Molina, uno de los pocos opositores del actual Parlamento.
La primera ley en ser aprobada, la del Poder Popular, fomenta la democracia «participativa» y establece «la constitución de formas de autogobierno comunitarias y comunales, para el ejercicio directo del poder».
«Queremos refundar la República sobre las bases de una sociedad socialista», dijo el diputado oficialista Afredo Murga, de la comisión de Participación Ciudadana.
Para los críticos de Chávez estas leyes buscan restar poder a las alcaldías, las gobernaciones y al Parlamento, donde a partir de enero estará presente la oposición después que en las últimas elecciones legislativas de septiembre logró quebrar la mayoría calificada del oficialismo con 67 de los 165 escaños.
«Se está montando un poder paralelo y, desde ahí, de alguna manera lo que se puede hacer es tratar de quitarle peso a la nueva Asamblea diciendo que se van a consultar las leyes con el pueblo», dijo a AFP el analista político Ricardo Sucre, de la Universidad Central de Venezuela.
El Gobierno señala que estas leyes buscan fortalecer la organización y la participación ciudadanas, aunque para Sucre se trata de fortalecer el poder central a través de estructuras alineadas con el gobierno. «Es un sistema cerrado que nace del gobierno y termina en el gobierno», afirmó.
«Estas acciones e instrumentos representan una grave amenaza para el futuro de la democracia y para la vigencia de la Constitución en Venezuela, ante lo cual la Mesa de la Unidad se suma al amplio repudio que han expresado los ciudadanos y las comunidades», declaró en una nota esta alianza opositora que estará representada en el nuevo Parlamento.
Uno de los proyectos de ley más emblemáticos es el de Comunas.
Según éste, «la comuna es una entidad local socialista, constituida por iniciativa soberana del pueblo organizado, donde y a partir de la cual se edifica la sociedad socialista».
Cada comuna recibirá recursos del Estado, contará con un Parlamento Comunal y una Carta que garantizará «la primacía del interés colectivo sobre el interés particular».
La organización comunal es una larga ambición de Chávez, que en 2007 la incluyó dentro de una propuesta de reforma constitucional que fue rechazada en referendo.
«El pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce a través del poder popular que no nace del sufragio (…) sino que se expresa en comunidades, comunas y autogobierno de las ciudades», definió por entonces Chávez.
El sistema que propugna la Ley de Comunas ha sido fuertemente resistido por alcaldes y gobernadores de la oposición, al considerar que excluye a los ciudadanos que no sean partidarios del gobierno y que «el fin es implantar el socialismo». También consideran que les resta facultades de gobierno.
«Este es el primer zarpazo al orden constitucional», comentó en su momento el alcalde opositor Gerardo Blyde. «Aquí se está creando un Estado paralelo que irá asfixiando al Estado Constitucional», advirtió.
«Podría llevarse a cabo la desintegración del estado nacional», ha dicho por su lado el gobernador del Estado Lara, Henry Falcón, quien este año rompió con el oficialismo.
