Rafael Chaljub Mejìa
No es verdad que, por naturaleza, el Estado sea un mal administrador como sostienen los partidarios del neoliberalismo, ni que por eso está obligado a vender su patrimonio al sector privado.
La rentabilidad y la eficiencia de una empresa no están determinadas por el carácter de la propiedad de la misma, si privada o pública.
El Reservas es el banco comercial del Estado y habitualmente ha sido y es una institución rentable, mientras bajo propiedad y administración privada, aquí un banco tan bien administrado por manos privadas que ofrecía “todas las posibilidades” y terminó en una quiebra tan desastrosa que en su caída arrastró al país hacia el abismo. Y no ha sido el único, ni mucho menos.
Esa teoría del Estado mal administrador, que debe entregarlo todo al empresariado privado, la impusieron las potencias imperialistas, pero para los países pobres. Por eso me gustaría saber cuál es el paso de la economía estatal en países tan desarrollados como Alemania, Francia y Estados Unidos. De seguro que no aplican la receta que recomiendan a los débiles.
Aquí, por desgracia, se viene aplicando esa fórmula contra el interés público. El Estado nacional ha sido sometido a una labor de debilitamiento, enajenado su patrimonio, desprestigiado como centro superior de autoridad, bombardeado desde distintos flancos, ha llegado a tal debilidad en que cada vez se le hace más difícil enfrentar desafíos cotidianos como el de la seguridad ciudadana o el mero tránsito vehicular en nuestras calles.
En múltiples ocasiones y aunque después del daño hecho, partidarios y ejecutores del neoliberalismo, en diversos países, han admitido el fracaso de esa vieja doctrina.
El presidente Leonel Fernández propició una ola privatizadora llamada ‘Capitalización de la Empresa Pública’. Cuando ya habíamos pagado el precio de esa mala experiencia, el propio Fernández reconoció públicamente que el neoliberalismo era un fracaso.
Ahora bajo el presente gobierno el sacrificio del patrimonio público reaparece bajo el título de ‘Fideicomiso’ y pone en subasta al Central Termoeléctrica de Punta Catalina. El peso específico del gran empresariado se ha anotado un tanto importante en su provecho. Un recurso tan cuantioso y en un sector de tanto valor estratégico será puesto en pública subasta y ya veremos a cuáles manos irá a parar y cuáles serán las consecuencias.
Mientras yo, que con frecuencia he escrito para respaldar oportunamente alguna buena obra del gobierno, lo hago ahora para, con esa misma franqueza, dejar constancia de mi rotunda discrepancia con semejante transacción.
