El Ministerio Público solicitó a las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional imponer condenas que van desde cinco hasta 20 años de prisión a los implicados en el entramado de corrupción de los casos Coral y Coral 5G, tras demostrar su responsabilidad penal en los hechos imputados.
El órgano acusador pidió 20 años de cárcel para los principales responsables de la red de corrupción: a los oficiales, Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Bautista, Franklin Antonio Mata Flores y el coronel Rafael Núñez de Aza.
Además de la pena privativa de libertad, el Ministerio Público solicitó que estos imputados sean condenados al pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos.
Asimismo, solicitó 15 años de prisión contra la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco, además del pago de una multa ascendente a 300 salarios mínimos.
El Ministerio Público también pidió 10 años de prisión para los imputados en el entramado de corrupción de los casos Coral y Coral 5G: Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara; el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de Rossy Guzmán Sánchez; José Manuel Rosario Pirón; Erasmo Roger Pérez Núñez; Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez; Guillermo de Jesús Torres Robiou, Epifanio Peña Lebrón; Lucía de los Santos Viola; Enmanuel Antonio Alba Trinidad; Raymel Pastor del Rosario Viola; Onoris Beatriz Soto De los Santos; Eric Daniel Pereyra Núñez; Manuel de Jesús Alba Solano; Elida María Trinidad Santiago;
Además de la condena de diez años de cárcel, el Ministerio Público solicitó para estos imputados el pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos.
También solicitó una condena de 10 años de prisión contra Esmeralda Ortega Polanco y Alejandro José Montero Cruz. En el caso de Ortega Polanco, pidió imponer una multa de 400 salarios mínimos, mientras que para Montero Cruz solicitó una multa de 75 salarios mínimos.
De igual modo, el órgano acusador solicitó una condena de cinco años de prisión para Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura, así como el pago de una multa de RD$500,000.
En cuanto al mayor del Ejército Nacional Raúl Alejandro Girón Jiménez, el Ministerio Público solicitó una pena de cinco años de prisión, con el cómputo del tiempo que ha permanecido bajo arresto domiciliario, y que el resto de la condena sea suspendida bajo el cumplimiento de reglas de recibir en un domicilio fijo aportado a este tribunal, abstenerse del porte y tenencia de armas de fuego y presentarse una vez al mes ante el juez de ejecución de la pena para dar fe del cumplimiento de las medidas requeridas.
Así también pidieron que impongan el pago de una multa de 200 salarios mínimos.
Finalmente, el Ministerio Público, encabezado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitó a las juezas del tribunal ordenar el decomiso de 214 inmuebles ubicados en distintas jurisdicciones, 86 vehículos de alto cilindraje y más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, todos solicitados en decomiso.
Los bienes incautados han generado ingresos por concepto de alquileres y producción agrícola que ascienden a más de RD$86 millones, a favor del Estados, bienes que fueron incautados a los implicados en la estructura de corrupción de los casos Coral y Coral 5G.
Con relación a las empresas el Ministerio Público solicito la clausura, suspensión de operaciones y disolución de la entidad Iglesia Bautista Vida Eterna y la imposición de una multa de 200 salarios mínimos.
También, para las compañías Hacienda Kelman SRL, R&F Agroindustrial, Aldom Glass Aluminium, SRL, Randa Internacional Company y CSNA Universo Empresarial S.R.L.
Asimismo, la disolución e imposición de una multa de 10 millones de pesos de la razón social Rawel Importadores S.R.L.
El Ministerio Público acusa al grupo integrados por policías y militares del caso Coral y coral 5G, encabezado por Cáceres Silvestre que implica 30 personas y 18 empresas que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), así como del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) para sus beneficios.
Luego que el Ministerio Publico y los abogado del Estado concluyeron con la presentación de sus conclusiones la jueza presidente del tribunal, Gisselle Méndez, aplazo para el día 10 de febrero para que los abogados de los imputados del caso Coral y Coral 5G, comenzarán a presentar sus conclusiones de defensa, donde pedirán a las magistradas rechazar el pedimento del Ministerio Público.
Para este proceso, la magistrada notificó un calendario detallando los días y horarios en los que cada abogado presentará sus argumentos.
Una vez finalizadas las conclusiones de todas las partes, las juezas del tribunal reservarán el fallo para estudiar el expediente y evaluar las pruebas presentadas tanto por el Ministerio Público como por las defensas en los casos Coral y Coral 5G.
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