Por: Francisco A. Tavarez Vásquez
La reciente decisión de la administración Trump de imponer unilateralmente un arancel de 12.5% a decenas de países bajo el argumento de combatir indirectamente el trabajo forzoso debe interpretarse dentro de una lógica mucho más amplia que la defensa de los derechos laborales, ya que esta medida constituye una nueva manifestación del retorno de la geoeconomía como herramienta central de la competencia internacional contemporánea donde, como señalan Josh Lipsky y Jeffry Frieden, la separación entre política económica y seguridad nacional se ha diluido hasta casi desaparecer, convirtiendo al comercio, las finanzas y las cadenas de suministro en instrumentos de poder geopolítico.
La narrativa del "trabajo forzoso" parece funcionar más como un mecanismo de legitimación política y jurídica que como la verdadera motivación de la medida debido a que, después de que diversos cuestionamientos legales pusieran en tela de juicio la capacidad del Poder Ejecutivo estadounidense para imponer aranceles con una justificación puramente económica, la apelación a motivos asociados a la seguridad nacional ofrece una base más sólida para sostener nuevas restricciones comerciales, revelando en el contexto estratégico que estas acciones responden principalmente a la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China y al intento de Washington de reconfigurar las cadenas globales de producción en función de sus intereses nacionales.
Desde esta perspectiva, el nuevo arancel constituye una medida esencialmente mercantilista que no persigue únicamente corregir distorsiones comerciales ni proteger a trabajadores estadounidenses, sino utilizar el acceso al mercado norteamericano como una herramienta de presión sobre aliados y competidores por igual bajo la sencilla lógica de que quien controla el principal mercado consumidor y el sistema financiero más influyente del planeta puede utilizar esa posición para influir en las decisiones de otros Estados, basando la geoeconomía moderna precisamente en esta capacidad de convertir interdependencias económicas en instrumentos de poder político.
Lo significativo es que esta estrategia no distingue entre adversarios, socios estratégicos o aliados históricos puesto que para la doctrina económica del trumpismo todos los países que participan de las cadenas globales de valor son potenciales competidores que contribuyen al déficit comercial estadounidense o al fortalecimiento indirecto de economías rivales, provocando en consecuencia que las viejas categorías diplomáticas pierdan relevancia frente a una visión estrictamente transaccional y nacionalista del comercio internacional donde lo que importa no es la afinidad política sino el balance de beneficios para Estados Unidos.
Las reflexiones de Jeffry Frieden resultan particularmente útiles para comprender este fenómeno ya que, aunque reconoce que las políticas coercitivas pueden generar ventajas geopolíticas, también advierte que producen costos importantes en términos de eficiencia económica, innovación, credibilidad internacional y estabilidad política, destacando que las sanciones y los aranceles incentivan a otros países a desarrollar mecanismos alternativos de financiamiento y comercio con el propósito de reducir su vulnerabilidad ante futuras presiones.
En este nuevo escenario la República Dominicana ocupa una posición particularmente vulnerable debido a su alta dependencia de Estados Unidos como destino de exportaciones, fuente principal de inversión extranjera directa, origen de una gran parte del turismo y receptor de la fuerza laboral migrante que genera miles de millones de dólares en remesas, una relación que históricamente ha sido presentada como una ventaja estratégica pero que desde una óptica geoeconómica representa también una dependencia estructural que limita considerablemente los márgenes de autonomía nacional.
Las teorías contemporáneas de la geoeconomía sostienen que el poder surge precisamente de las asimetrías de dependencia, alertando que cuando una economía concentra excesivamente sus vínculos comerciales, financieros y productivos en torno a una sola potencia desarrolla una vulnerabilidad que puede convertirse en un instrumento de presión, siendo ese el riesgo que enfrentan muchos países pequeños y abiertos al comercio internacional como la República Dominicana, que no posee la escala económica ni el peso geopolítico necesarios para influir en decisiones adoptadas por Washington, encontrándose en términos prácticos dentro de la órbita económica estadounidense y expuesta a medidas sobre las cuales posee escasa capacidad de incidencia.
Por esta razón la respuesta de crear una comisión diplomática para persuadir a Estados Unidos parece insuficiente debido a que el problema no radica en una supuesta incomprensión de las particularidades dominicanas ni en un error administrativo susceptible de corregirse mediante argumentos técnicos, sino que la medida responde a una lógica estructural de poder que trasciende el caso dominicano evidenciando que cuando la geoeconomía sustituye al libre comercio como principio rector los argumentos técnicos suelen quedar subordinados a los objetivos estratégicos de las grandes potencias.
La principal lección para la República Dominicana es que el mundo está entrando en una etapa caracterizada por la competencia entre grandes potencias, la fragmentación de la globalización y el uso creciente de instrumentos económicos con fines geopolíticos, un contexto en el cual la diversificación comercial, financiera y diplomática deja de ser una aspiración de largo plazo para convertirse en una necesidad estratégica obligando al país a construir gradualmente mayores niveles de autonomía económica mediante la ampliación de sus relaciones con otras regiones y potencias emergentes en lugar de buscar simples excepciones temporales.
Al final, el arancel de 12.5% no representa únicamente una medida comercial sino que constituye una señal de que la geoeconomía ha reemplazado al libre comercio como lenguaje predominante del poder internacional, un nuevo escenario donde países pequeños como la República Dominicana corren el riesgo de quedar relegados a una posición orbital y satelital dentro de una estructura de poder donde la capacidad de presión política es prácticamente inexistente y donde la soberanía económica dependerá cada vez más de la capacidad de diversificar sus dependencias.
