República Dominicana se cuenta entre los países de la región donde aprobar una ley o acuerdos, ya sea de beneficio nacional o sectorial tarda un quinquenio.

Y hasta un decenio, dependiendo de los intereses en juego.
De manera frecuente se dice que el imperio de la ley tiene que estar por encima de toda apetencia personal. Vale, en ese contexto, hacer la pregunta: ¿qué proyecto de ley que llegue al Congreso Nacional no es fruto del empuje de sectores organizados? No existe ningún sector organizado que no se mueva por iniciativas de beneficio, a corto, mediano y largo plazo.

Y también hay que ver lo que ocurre cuando se inicia un proceso para el pacto de aumento de sueldo en el sector privado.

No existe una sola ocasión en que no se vea atacado por una ráfaga de tecnicismos, que alarga hasta el agotamiento su aprobación.

Las huelgas y los paros laborales, que siempre usan los sectores más vulnerables, ahora luce que tomarán otro giro.

Son los empresarios quienes alegan usarán el método para conseguir una definición en los criterios de funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Las razones son harto conocidas: eludir pagos justicieros que garantiza la ley.

Mientras el tiempo pasa, la capacidad de compra de los consumidores está constreñida, y la inflación acumulada amenaza con aplastar el incremento salarial que finalmente se logre.