Víctor Féliz
*Por Víctor Féliz
Durante muchos años se ha venido buscando organizar la inversión pública en procura, básicamente, de evitar que las obras sean producto del capricho o de la prolífica imaginación de políticos improvisados.
Claro está que la transparencia del manejo y la calidad del gasto son fundamentales cuando de invertir fondos públicos se trata. Una de las decisiones más acertadas que tomó el pasado gobierno, fue la emisión del Decreto Número 249-19 que creó el Fondo de Cohesión Territorial con el propósito de promover entre el Gobierno Central y los gobiernos locales el cofinanciamiento de proyectos de inversión pública de interés común, con énfasis en los municipios más deprimidos.
La estrategia de tomar esta vía para beneficiar a los habitantes de los municipios y distritos municipales del país fue de proporciones colosales.
La habilidad la resaltamos pues todos los gobiernos en principio tienen la intención manifiesta de proveer de más recursos a los gobiernos locales, sin embargo, debido a la poca transparencia con que se manejan dichos recursos en muchos casos esa intención se convierte en poesía y más distantes estamos de cumplir la ley 166-03 que les asigna a los ayuntamientos un 10% de participación sobre los ingresos del Estado.
El decreto de marras obviamente persigue más objetivos que los señalados hasta ahora; para enriquecer al lector, podemos señalar que en sentido general se busca promover el desarrollo económico, inclusivo y sostenible, reducir las diferencias de desarrollo territorial y mejorar la calidad de la inversión pública.
Para poder obtener estos fondos los ayuntamientos o juntas distritales los proyectos de inversión sometidos deben corresponder con los lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, estar incluidos en los Planes de Desarrollo Municipal, en el Presupuesto Participativo, así como cumplir con los criterios para la incorporación de los proyectos de inversión en el Sistema Nacional de Inversión Pública.
El MEPYD es el responsable a través de un Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversiones Municipales de ayudar a elaborar un perfil básico a los municipios o juntas, que sirve como guía para de manera simplificada obtener lo que se conoce como código SNIP.
Para este año ya el MEPYD entregó hace pocos días casi 120 millones de pesos como aporte de coinversión a 21 territorios del país.
Aún dista de la cantidad que debe entregar por este concepto a los gobiernos locales a juzgar por lo que ordena el decreto en cuestión pues señala que, este año a ese fondo le corresponde el 0.35% del monto designado a gastos de capital del Gobierno Central consignado en el Presupuesto Nacional para este año 2021.
Si hacemos los cálculos básicos dicha suma asciende a unos 300 millones de pesos y apenas faltan 4 meses para finalizar la ejecución presupuestaria. Nos inscribimos en que quizás aún faltan por aprobar varios proyectos por parte del MEPYD y no que han mutilado el fondo por el que tanto se luchó y que finalmente está en plena ejecución.
Lograr acceso a estos fondos es realmente una odisea, pues las normativas, reglamentaciones y adecuación de las estructuras tanto administrativas como operativas que van a ejecutarlos son muy exigentes y el seguimiento, podría decirse como en el argot popular, es de cancha a cancha, por tanto, luego de lograr este titánico esfuerzo es de menester que se les cumpla con lo acordado.
Nuestro anhelo constante de gobiernos locales fuertes, hace a veces que se me pueda tildar de soñador, pero la serenidad no la abandono nunca.
