Carlos Salcedo
A propósito de la muerte de tres internos y de varios heridos en la cárcel de “La Victoria”, en enero de este año escribí un artículo titulado El eterno retorno de La Victoria. Indicaba entonces que este centro carcelario constituye una manifestación de “El Fracaso”, por lo menos parcial, del sistema penitenciario dominicano.
Con esa metáfora hacía alusión a la tesis del eterno retorno nietzscheniano, según la cual todo va a repetirse un número infinito de veces.
Ahora, toca el turno a la repetida hasta la saciedad película policial de brutalidades y violencia contra ciudadanos, sin que los anuncios y acciones de reforma hagan cesar el fenómeno. Contrario a lo que ocurre con la repetición de un film, que lo hacemos animados por el gusto, las agresiones y muertes a manos del cuerpo de seguridad ciudadana no paran.
Apenas en un mes tres hombres han fallecido en centros de salud recibiendo atenciones médicas luego de haber sido trasladados desde dotaciones de la Policía Nacional (P. N.), donde se encontraban detenidos.
Cuarteles de la Policía Nacional en el Distrito Nacional, Santiago y San José de Ocoa han sido los espacios donde la seguridad se ha convertido en incertidumbre, desconfianza y muerte. Usted puede llegar vivo; pero no se le asegura la vida.
El caso más reciente es el de David de los Santos quien, luego de un altercado, y de haber sido llevado al destacamento del Ensanche Naco, donde llegó sano y salvo, falleció el pasado domingo, producto de trauma encefálico, por golpes y prácticas salvajes, con indicios de que se trató de un homicidio.
El libro negro de las agresiones salvajes y muertes a manos de policías aquí no se conoce. Conocemos una parte a través de las estadísticas oficiales: desde 2017 a agosto del año pasado más de 538 personas han muerto a manos de la Policía Nacional (Procuraduría General de la República, Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y P. N.)
A pesar los cambios de matices normativos y estructurales, la misión de la Policía Nacional a lo largo de su vida institucional ha sido similar a la de su actual Ley Orgánica: 1) Proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas. 2) Garantizar el libre ejercicio a los derechos y libertades. 3) Prevenir acciones delictivas, perseguirlas e investigarlas bajo la dirección del Ministerio Público. 4) Preservar el orden público. 5) Velar por el respeto a la propiedad pública y privada. 6) Prestar el auxilio necesario al Poder Judicial, al Ministerio Público, y a otras autoridades para el cumplimiento de la ley y el desempeño de sus funciones.
7) Promover la convivencia ciudadana. 8) Colaborar con la comunidad en la identificación y solución de los problemas de seguridad ciudadana, a fin de contribuir a la consecución de la paz social.
Sin embargo, factores políticos han marcado un curso vital, en gran medida negador de tal declaración. Me basta poner un caso. Con su ascenso al poder, Trujillo desmanteló la Policía Municipal y dio paso a la Policía Nacional, como un cuerpo policial para responder a sus apetencias desmedidas de poder y para sostener su régimen tiránico, con las historias de salvajismos policiales, que aún hoy exudan dolor, tragedia y muerte.
Son incomparables las atrocidades policiales de entonces con las actuales. Pero, con más o menos avances normativos y buenos deseos gubernamentales, las prácticas bestiales de la policía van, vienen y se mantienen.
De ahí que mucha gente, en lugar de sentirse cuidada por la policía, siente miedo y desconfianza.
Por eso, América Latina y el Caribe son las regiones del mundo que menos confía en la policía. Según el estudio Global Law and Order 2021, encargado a Gallup, la ciudadanía de América Latina y el Caribe es la que menos confía en sus fuerzas policiales, en comparación con otras regiones del mundo.
Desde México a Argentina, un promedio del 49% de los latinoamericanos y caribeños encuestados dicen confiar en la policía del lugar donde residen, mientras que esta cifra se sitúa en un 71% a nivel global, más de 20 puntos porcentuales por encima del promedio latinoamericano.
De hecho, la segunda región del mundo que menos confía en la policía es el África Subsahariana, donde alrededor del 56% de los encuestados afirman tener fe en esta fuerza de seguridad.
No pretendamos que las cosas cambien haciendo lo mismo. Estoy de acuerdo con esa expresión de Albert Einstein. En lo que no estoy de acuerdo con el genio es cuando afirmó que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos, por lo menos en el ámbito policial.
Venimos repitiendo esta situación grave y decisiva que no solamente ha puesto en peligro la seguridad ciudadana y el desarrollo del proceso de reforma y modernización de la Policía Nacional; sino que se ha convertido en un cáncer cuya metástasis está llevándose la vida de muchos seres humanos, sin que podamos advertir avances, al menos visibles, del cambio imperioso que se debe producir.
La interacción sigue siendo semicerrada, sin participación efectiva de la población en los planes del gobierno y sin las apuestas de recursos de todo tipo para cambiar este estado de cosas cuasi institucional, por la configuración de una violación patente, permanente, masiva, generalizada y estructural de los derechos fundamentales.
Estoy consciente del esfuerzo que hace el presidente, el ministro de interior y policía y otras personas y entidades; pero el cambio tiene que ir más allá del gobierno y de lo político. Debe ser institucional, estructural y cultural. De ahí que todos debemos participar y producir el cambio.
