El dilema del parqueo, ciudad tomada, caos y el secuestro del espacio público

Ir a un ministerio, visitar una clínica o simplemente intentar realizar una gestión en el Polígono Central de Santo Domingo se ha convertido en una odisea que desborda la paciencia de cualquier ciudadano. La escena es idéntica en el Centro de los Héroes o en los alrededores de la Plaza de la Salud: un periplo interminable de giros y vehículos estacionados en paralelo, mientras la irritabilidad colectiva escala al ritmo del motor.

A pesar de contar con un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, ordenanzas municipales y un entramado de instituciones como el Intrant, la Digesett y las alcaldías, la realidad es implacable: la movilidad urbana en la capital dominicana está sumergida en el desorden.

El verdadero dilema no es técnico ni matemático; es de carácter estructural. Revela una profunda debilidad del estado de derecho, donde las normativas son letra muerta frente a un crecimiento inmobiliario voraz y comercial que no rinde cuentas a nadie. Por ley, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) exigen que todo proyecto arquitectónico cuente con una cuota estricta de parqueos para visitantes, antes de otorgar la licencia de construcción.

Sin embargo, una vez inaugurada la obra, el Estado desaparece. Muchos establecimientos e instituciones terminan cobrando por estos espacios obligatorios o cambiando su uso original. La consecuencia directa es la privatización de facto del suelo y el desvío forzoso de los vehículos hacia la vía pública, transformando las calles en un sálvese quien pueda bajo la cínica sombrilla del letrero: "No nos hacemos responsables por daños o robos".

A este vacío institucional se suma el cáncer de la exclusión social. Ante la falta de oportunidades que el gobierno debe garantizar a las grandes mayorías, especialmente a los jóvenes, las calles han sido ocupadas por los denominados "parqueadores" informales.

Sin regulación ni control del gobierno local, estos personeros se abrogan el derecho de decidir quién se parquea, dónde y cuánto debe pagar. Este fenómeno, normalizado por la falta de gestión, otorga a particulares un poder coercitivo que a menudo roza la extorsión. El ciudadano, que ya paga un impuesto por el derecho a la circulación (marbete), se ve obligado a costear un peaje informal para evitar conflictos en un espacio que, por definición, es público y común.

Este caos no es neutral; tiene víctimas directas y profundiza la injusticia social. Al saturarse las vías con parqueos en paralelo y camiones repartidores obstruyendo las esquinas, el eslabón más vulnerable de la pirámide urbana paga el precio más alto.

Las personas con discapacidad física se encuentran con un entorno impracticable, mientras que el resto de los peatones ven sus aceras invadidas y los ciclistas encuentran sus ciclovías bloqueadas. Estacionarse en vía contraria o sobre las aceras se ha naturalizado tanto que la ciudad parece haber renunciado a la escala humana, priorizando el vehículo sobre la gente.

Para desactivar esta bomba de tiempo urbana y restituir el derecho a la ciudad, es urgente aplicar soluciones estructurales articuladas bajo tres ejes fundamentales:

En primer lugar, es imperativo establecer un estricto régimen de consecuencias y fiscalización post-construcción . El MIVHED y las alcaldías no pueden limitar su función a la aprobación inicial de un plano. Deben ejecutarse auditorías urbanas permanentes que obliguen a las instituciones y comercios a mantener sus parqueos de visitantes habilitados, accesibles y gratuitos para su fin original, sancionando severamente a quienes violen la norma.
En segundo lugar, se necesita una descentralización institucional y gestión de la demanda .

Gran parte del colapso se debe a la excesiva concentración de servicios públicos y comerciales en el centro urbano. El Estado debe trasladar oficinas de alta asistencia hacia la periferia y fortalecer los sistemas de transporte masivo (Metro, Teleférico y corredores integrados) para desincentivar de manera real y eficiente el uso del vehículo privado.

Finalmente, el gobierno local debe asumir la regularización digital y la recuperación del espacio público . La gestión de los estacionamientos en las vías debe tecnificarse mediante parquímetros inteligentes administrados por los ayuntamientos.

Para resolver el impacto social, los jóvenes que hoy operan en la informalidad deben ser absorbidos por la municipalidad mediante programas de empleo formal y capacitación técnica, convirtiéndolos en reguladores oficiales del sistema.

Respetar y hacer cumplir la ley es un deber colectivo, pero recibir espacios seguros, inclusivos, iluminados, arborizados y transitables, es un derecho ciudadano que exige ser satisfecho.

El dilema de parquearse en Santo Domingo no se solucionará construyendo más asfalto para los carros, sino recuperando la autoridad del Estado, rescatando el espacio común y devolviéndole la dignidad a las calles.