El desfalco de Coop-Herrera y el fin de más de seis décadas
El 5 de septiembre de 1963, un grupo de hombres y mujeres decidió asociarse con un único propósito: sacar adelante a su comunidad. Buscaban que los moradores de este importante sector del país tuvieran acceso a recursos frescos y, desde una actitud solidaria, impulsar el desarrollo colectivo de amigos, vecinos, pequeños comerciantes, vendedores y colmaderos. Así, el hoy municipio Santo Domingo Oeste resplandeció a niveles inesperados, con el empuje de una institución que se convirtió en punta de lanza para el resurgimiento económico y social de Herrera.
Hasta hace poco, la cooperativa Cooproherrera cuenta con más de 35 mil socios de diferentes edades; en su mayoría, envejecientes que, por la historia y la confianza que durante años brindó esta institución, pusieron en sus manos sus pequeños ahorros. Muchos de esos recursos fueron obtenidos con múltiples sacrificios: prestaciones laborales por años de servicio en distintas empresas del país o el cobro de alquileres de inmuebles adquiridos con el sudor de sus frentes.
Para frustración de los socios, que mantuvieron su confianza en Cooproherrera y en sus administradores hasta 2023, fue descubierto un fraude multimillonario presuntamente perpetrado por la máxima dirección de esta importante institución. El desfalco ha sido calculado en más de RD$2,500 millones, correspondientes a los ahorros de sus socios. El hecho ha llenado de frustración y tristeza a este municipio que, aunque cuenta con otras instituciones financieras, ninguna tiene el cordón umbilical anclado en su comunidad como esta cooperativa, forjada por los propios moradores de Herrera.
Hoy existe una realidad oscura y dantesca entre la mayoría de sus socios. Al parecer, están en una situación peor que la del coronel de García Márquez: no tienen quien les escriba. Parecería que todo el mundo se ha hecho de oídos sordos, tanto el Idecoop, institución rectora del cooperativismo, como el Gobierno central. Lejos de ayudar a generar confianza entre los afectados por la desaparición de sus ahorros, el Idecoop ha acrecentado la incertidumbre y la desesperanza. Los ahorrantes y socios de esta cooperativa han visto cómo sus recursos han sido malversados y sienten que no tienen a nadie que los respalde o compense.
La disolución de esta importante cooperativa, aprobada el 9 de julio de 2025 por una Asamblea de Delegados supervisada por el Idecoop, abre preguntas que todavía esperan respuesta: ¿en manos de quién quedó la responsabilidad de dar seguimiento a la cartera de cuentas por cobrar?, ¿qué ha pasado con la administración y disposición de sus principales activos?, ¿existe la posibilidad de que los socios recuperen sus ahorros? Son interrogantes que merecen una respuesta clara.
El proceso judicial al que fueron sometidos los principales acusados de este desfalco permanece en manos de la justicia. Sin embargo, en este aspecto hemos visto numerosas maniobras legales para procurar su libertad. Varios de ellos apuestan al vencimiento del plazo para luego solicitar la extinción del proceso, que aún se encuentra en la fase de instrucción. Mientras tanto, muchos de los socios afectados han constituido abogados; otros asisten fielmente a cada audiencia que les es notificada mediante acto de alguacil, con la única esperanza de recibir algún día lo que les pertenece: los ahorros por los que tanto se sacrificaron.
Es importante señalar que este lamentable hecho ha afectado enormemente al sector cooperativo nacional. También ha puesto en evidencia la ineficiencia del organismo rector para garantizar la continuidad de este tipo de instituciones financieras ante situaciones como las que provocaron la desaparición de más de 60 años de historia de Cooproherrera.
Por tales razones, entendemos mayor garantía, eficiencia y solvencia, las cooperativas deben pasar a ser supervisadas y reguladas por la Superintendencia de Bancos. Al mismo tiempo, deben realizarse las modificaciones necesarias a las leyes que rigen el sector, de modo que estas entidades estén obligadas a pagar un seguro de garantía para los ahorrantes y socios. En consecuencia, la institución que hasta ahora funge como órgano rector debería desaparecer y convertirse en una dirección de la Superintendencia de Bancos.
Sobre el autor
Abogado y político con experiencia en administración pública, maestría en derecho inmobiliario y planificación estratégica. Su trayectoria combina el ejercicio del derecho con el diseño y ejecución de políticas públicas enfocadas en la transparencia, la inclusión y el servicio a la ciudadanía.
