A principios del presente siglo se creó el Defensor del Pueblo. Concebido como un organismo público autónomo con rango constitucional, creado mediante la Ley n.º 19-01. De un tiempo a esta parte esa institución no tiene quien la presida.
De acuerdo a la literatura de su misión, “el Defensor vigilará que los funcionarios públicos y los agentes que presten servicios públicos cumplan con las disposiciones de la Constitución y las leyes, así como el respeto de convenios, tratados y pactos internacionales que han sido ratificados por el Congreso Nacional dominicano”.
En esas palabras está retratado el alcance de la importancia que tiene. Y más importante aun, cuando hay que destacar que se trata de otro organismo que tiene una tarea muy singular: hacer que funcionarios de otros estamentos del Estado cumplan con las disposiciones de la Constitución.
Un tema que tiene enfrentados a distintos sectores de la vida nacional por la resistencia que hay en la cultura burocrática del país de respetar la Carta Magna, leyes y pactos internacionales.
Tenemos la confianza de que se escogerá a la persona idónea entre los distintos postulantes que presentaron sus aspiraciones a ejercer la defensoría del pueblo.
Una gran responsabilidad que recae en la Cámara de Diputados, que tiene la autoridad de someter una terna de candidatos. El Senado hará, de manera oportuna, la designación final. Esperemos.
