En la justicia norteamericana hay en proceso varios casos  en los que ha salido a relucir el uso de instalaciones militares por parte de importantes narcotraficantes.

La simple noticia resulta altamente preocupante, pero lo más alarmante es que hasta el momento la ciudadanía no tenga constancia de que por esos usos en la República Dominicana hayan sido judicialmente procesados los responsables.

Sólo se puede concluir que las autoridades han procurado librar a los responsables de sus culpas, porque el simple traslado o destitución ante tan graves hechos no enmienda el mal.

Así no se restablecerá nunca la confianza en los institutos armados.

Cada día los mismos uniformados se encargan de lanzarles lodo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y se convierten en un factor adicional de la creciente ola de delincuencia y de violencia que agobia a los dominicanos.

 Son pocos los casos  delictivos en los que no sale a relucir un militar o un policía, algunos de ellos con “reincidencia”.

La simple destitución no es suficiente. A los militares o policías delincuentes hay que procesarlos y dejar en el pasado el encubrimiento o “trato diferenciado”, porque son más culpables que otros, ya que han traicionado su misión de proteger a la población.