La educación, la alimentación, la salud, una vivienda propia constituyen la prioridad de gasto de la familia dominicana.
El Estado tiene políticas que apuntan a que una familia dominicana promedio pueda tener acceso, al menos, a tres de estas necesidades básicas, y que son, además, parte de un entramado de garantías de derechos ciudadanos.
En cuanto a tener una vivienda, un techo propio, como se dice de manera llana, hay una inmensa minoría con ese sueño realizado en el país.
Hace poco las autoridades del Banco Central sostuvieron una reunión con los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas.
El tema central giró en torno a un generoso capital disponible de ese organismo que apunta a facilitar la construcción de complejos habitacionales que permitan a los dominicanos comprar una vivienda.
La disponibilidad de recursos por un monto de 4,200 millones de pesos para la adquisición de soluciones habitacionales resulta atractiva.
No así el monto del costo de las viviendas que podrían adquirir los dominicanos, que oscila entre 3.5 y 8 millones de pesos.
Muy pocas familias, con trabajos formales, podrán darse el lujo de embarcarse en préstamos o financiamientos por ese monto.
Se trata, sin duda, de una gran iniciativa, pero todavía resulta un sueño inalcanzable para la inmensa mayoría de los dominicanos, debido a su doloroso poder adquisitivo.
La idea necesita una mirada más inclusiva, que beneficie a un número mayor de familias con derecho a un techo propio.
