El cofrecito, el barrilito y el presupuesto

Como el Presupuesto y Ley de Gasto Público será objeto de pronta discusión en el Congreso, debemos reiterar a los legisladores que deben dejar sin efecto el ‘cofrecito’ y el ‘barrilito’ o cualquier forma de apropiación de recursos asignados para programas sociales y otras labores propias del Poder Ejecutivo, al que deben fiscalizar.

Por disposición de la Constitución las atribuciones del Congreso son las de legislar, representar y fiscalizar. El ‘barrilito’ y el ‘cofrecito’ son distorsiones de la función legislativa, y son inconstitucionales: 1º. porque constituyen privilegios a favor de los legisladores frente a los demás competidores en un certamen electoral; 2º. porque constituyen una intromisión del Congreso en atribuciones de otro poder del Estado, el Ejecutivo; 3º. Porque desnaturalizan las funciones del primer poder del Estado;

4º. porque inhabilitan al Congreso para ejercer las funciones de vigilancia y fiscalización del Ejecutivo y 5º. porque califican como crímenes contra la Constitución.

Tales mecanismos son un hazmerreír institucional. Los legisladores que deben fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Gasto Público se aprueban partidas para atender lo que debe hacer el Ejecutivo,

caracterizando con esto un imperdonable conflicto de intereses, inhabilitando a quienes empleen

dichos recursos y haciendo pasibles de la sanción de degradación cívica, por cohecho y prevaricación, entre otros crímenes propios de los funcionarios y autoridades públicas.

Quienes están llamados a la fiscalización e interpelación del Ejecutivo, para verificar si las asignaciones presupuestarias para asistencia social, programas de educación, salud, viviendas, seguridad e infraestructura, se están ejecutando eficientemente, compiten con el sujeto de fiscalización en esos programas.

Los legisladores pueden darle al pueblo un ejemplo, aunque tardío, de su mea culpa, desistiendo de tal adefesio parainstitucional.

De lo contrario estamos habilitados todos para recurrir en amparo o en inconstitucionalidad para disolver ese atentado contra el Estado democrático de Derecho.