Uno de los déficits de nuestra democracia es la falta de control constitucional de la política, es decir de quienes tienen el mandato de gobernar.
Esta deuda produce consecuencias muy lesivas a los derechos ciudadanos, pues la actuación arbitraria de la autoridad y la ausencia de un sistema de consecuencias hace frustratorios los derechos constitucionales y los derechos fundamentales, cuya evaluación final corresponderá al Tribunal Constitucional (TC).
Junto a la referida deuda ciudadana está el de la inclusión en los procesos decisorios. Ahora que el pasado 11 de agosto se reunió, a puertas cerradas, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), para aprobar los reglamentos de funcionamiento del CNM y de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cabría preguntarse si esa carencia democrática de claridad e inclusión- seguirá su curso normal, cuando la Ley General de Acceso a la Información Pública manda a las autoridades a difundir previamente, y con suficiente antelación, los proyectos de reglamentos.
Los reclamos de inclusión en lo público resultan de las experiencias de exclusión, como la ocurrida en esta ocasión. La exclusión degrada el sistema democrático y promueve la injusticia.
La inclusión no sólo tiene un sentido participativo, sino de transformación, pues la incorporación de nuevas voces en los debates públicos y los procesos de tomas de decisiones tiene un enorme valor para cambiar la retórica y parámetros del debate, y las propias cuestiones que emergen a la discusión pública.
Con la apertura de los espacios de decisiones se les da voz a quienes no comparten los términos y el lenguaje de una discusión política que normalmente privilegia ciertos modos de expresión de grupos sociales y elites que acaban ostentando una influencia mayoritaria y excesiva sobre las decisiones políticas, menguándose la participación de otros grupos más desfavorecidos (Young).
En los espacios políticos como el del CNM cuando se producen decisiones que ignoran las opiniones ciudadanas se genera una deliberación ilegítima, además que se aleja de la concepción de la democracia entendida como encuentro de las diferencias, las que deben ser puestas en común para preservar la fe democrática. ¡No dejemos que perezca la democracia!
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