La frecuencia con que en nuestro país se producen hechos de asesinatos, en una gran cantidad de caso de mujeres, es una clara expresión de la existencia de una sociedad que se descompone con celeridad. Los homicidios son una de las manifestaciones de nuestra crisis ética, la cual encuentra en la falta de valoración y respeto a la vida humana uno de sus rasgos más connotados.

El domingo 3 de octubre fue asesinada alevosamente la arquitecta Leslie Rosado, por un agente de la Policía Nacional no uniformado, aludiendo haber sido chocado por el vehículo de la arquitecta, mientras l se transportaba en un motor junto a su familia.

Este fue un hecho salvaje e injustificado, como lo fue el asesinato en Nizao de la adolescente de 15 años, María Ninoska Polanco, con 5 meses de embarazo, el lunes 4 del mes en curso.

Ya, desde hace años, la población dominicana ha expresado a través de distintos medios de opinión y a través de diversas encuestas aplicadas para el efecto, que la inseguridad constituye una de las mayores preocupaciones de una gran cantidad de sectores del país.

Hoy se puede decir que la mayoría de la ciudadanía de las diversas clases sociales tiene miedo a los asaltos, al hurto, a los asesinatos. Y como se entenderá, esto se traduce en un factor que incrementa la falta de cohesión social y de salud mental.

Un problema que hace compleja la situación, es que lejos de ser la policía un cuerpo persecutor del delito y protector de la ciudadanía, la conducta de un gran número de sus integrantes se encuentra involucrada en actos de asesinatos y delincuencia.

Por tanto la Policía en vez de ser parte de la solución, es una ficha fundamental del problema. Se ha hablado de un plan de reforma de la misma, pero a decir por los hechos ésta no acaba de arrancar, y no arranca porque su solución amerita acciones responsables, de coraje y decisión. Reformar la policía implica llevarse de encuentro oficiales de alta graduación responsables de la descomposición de la PN.

Supongo igual que significaría liquidar las altas trastadas financieras en que han convertido a esa institución figuras de ella, de abajo y de arriba.

No soy partidario de focalizar en los barrios populares las acciones de reforma contra la delincuencia y por la seguridad.

Amén de que ello es revictimizar a los hombres y mujeres de los barrios, considero que la delincuencia, el crimen y la corrupción prácticamente han invadido el cuerpo social y por ello se demanda una acción menos focalizada. Igual rechazo me merece la ingenua campaña de solicitar la entrega voluntaria de las armas ilegales. Creo en un desarme relativamente generalizado, pero por etapas.

En esta etapa se requiere desarmar mediante una disposición activa y firme a todo el que posee armas ilegalmente, pues tenerla de esa manera es violar la ley. Esperamos que el gobierno del presidente Luis Abinader actúe eficazmente, ¿o es que se llegó al poder sin un plan concebido?.