Es una necesidad que las autoridades educativas encuentren una vía que garantice la eficiencia del sistema y la reducción de la pérdida de clases, particularmente cuando estás tienen lugar debido a paros organizados por el gremio de los profesores o demostraciones de grupos estudiantiles.
Pero por lo visto este objetivo es de difícil concreción con una Asociación Dominicana de Profesores centrada en los beneficios materiales de sus afiliados y poco, o nada, en las necesidades nacionales de una educación eficiente.
Una entrevista en la que el ministro Luis Miguel de Camps trató este punto deja ver las dificultades que se quieren evitar, a la vez que se trata de establecer una vía para la realización de un año escolar como ha sido planeado.
La semana pasada, de acuerdo con De Camps, tuvieron una sesión en la que consensuaron comenzar a trabajar un protocolo para que, si hay razones o intereses de reclamo de derechos, se agote un proceso inicial sin llegar a la suspensión de docencia.
Esto, desde luego, sólo se puede conversar o discutir con la ADP que, desde su dirección nacional o desde las denominadas seccionales, recurre a la paralización de la docencia como recurso para alcanzar objetivos que en algunos casos son, por cierto, del interés de la comunidad, como puede ser la construcción o mejora de los planteles educativos.
Esto lo hemos visto en varias comunidades del norte del país desde el inicio del actual año escolar. Las seccionales del gremio de los profesores tienen en estos reclamos un punto que debe provocar sentimientos encontrados en los padres que tienen a sus hijos en la escuela pública.
La formación de los menores es importante y deseable, pero también lo es que tenga lugar en centros de estudio en condiciones óptimas, un punto que por lo visto resulta difícil de satisfacer desde el Gobierno.
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